Acuerdo entre Argentina y la banca para refinanciar 6.700 millones de dólares
Argentina llegó ayer a un acuerdo con sus acreedores bancarios para la refinanciación de 6.700 millones de dólares, unos 940.000 millones de pesetas, al cambio actual, con vencimientos previstos para el año en curso. Simultaneamente con Buenos Aires, el secretario argentino de Hacienda, Mario Brodersolin, hizo el anuncio desde Washington, donde durante toda la semana ha mantenido intensos contactos con la banca acreedora. La deuda exterior argentina se eleva a 50.000 millones de dólares.El acuerdo tiene lugar dentro de un clima de endurecimiento de la postura del Gobierno Alfonsín con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el pago de los intereses de su deuda externa. El acuerdo logrado con los trabajadores y empresarios, que permitirá discutir la evolución de precios y salarios dentro de las pautas establecidas en el Plan Austral, consolida el llamado "frente interno" como condición previa necesaria para la discusión con los acreedores.
El subsecretario de Política Económica, José Luis Machinea, reconoció que no se han logrado avances en la negociación con el FMI y recordó la advertencia que el ministro de Economía, Juan Sourrouille, hiciera en su último discurso: "La paciencia de los pueblos tiene un límite". Machinea aseguró además que "la confrontación será inevitable si fracasa el diálogo en los próximos meses". Los representantes argentinos proponen una "solución razonable" al problema de la deuda. Insisten en que se baje la tasa de interés por los préstamos otorgados antes de que asumiera el poder el Gobierno democrático y que la actual sólo se fije para los nuevos créditos. Dentro del plan se prevé la cesión de acciones en las empresas que el Estado se dispone a privatizar como parte del capital adeudado. De ese modo no se transferirían divisas que serían reinvertidas en el país.
Las medidas analizadas en la hipótesis de conflicto, en caso de que el FMI y los bancos acreedores no acepten una "solución política" al problema, contempla la reducción de los pagos de interés al mínimo y se evalúan también los riesgos que puede correr el país si se declara una moratoria unilateral, como exige la oposición. Argentina paga ahora con un 30% del saldo favorable de sus exportaciones la mitad de los servicios vencidos de la deuda y proyecta reducir al 20% el monto a transferir durante este año.
Deuda impagable
La afirmación pública hecha por todos los funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Alfonsín, de que la deuda es "impagable" y la demostración en la realidad de que ni siquiera es posible saldar la mitad de los intereses son los argumentos más firmes para presentar a los acreedores. La rebaja de medio punto en las tasas activas preferenciales que dispuso la banca norteamericana el lunes por la noche significa una reducción de sólo 192 millones de dólares sobre los 52.000 millones de dólares que suman el total de la deuda externa argentina. Aun cuando la baja en las tasas fuera del 2% en 1986, tal como anuncian los expertos, continuarían siendo demasiado altas para los países endeudados y no atenúan la gravedad del problema.Raúl Alfonsín ha señalado además en cada uno de sus mensajes al país y en declaraciones a la Prensa que a la exigencia natural de que a una deuda "impagable" en las actuales condiciones se suma la caída de los precios agropecuarios en los mercados internacionales que afecta profundamente a la economía argentina. Alfonsín repudia en cada acto público "las políticas proteccionistas y las prácticas comerciales desleales de Estados Unidos y la CE".
Cerrar el frente interno
Para fortalecer la posición de sus representantes ante el FMI, el Gobierno radical argentino ha invertido la estrategia del pasado año: afloja en el frente interno mientras se endurece en el externo.En esta línea estratégica, decidió impulsar nuevamente el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), la central única de trabajadores, de orientación peronista, y las Cámaras de empresarios que reúnen a los directivos de las principales industrias del país. Cuando parecía inevitable una nueva huelga general, la sexta desde que asumiera el poder el Gobierno democrático, la CGT accedió a la convocatoria pública al diálogo que hiciera Alfonsín en declaraciones periodísticas. El acuerdo se había trabado por el reclamo de la central de trabajadores que exigía un aumento del 50% en los salarios mínimos y en el monto de las jubilaciones, además de la solución inmediata en el conflicto desatado en dos grandes empresas del gremio de la alimentación que despidieron a más de 400 obreros.
Los ministros de Economía, Juan Sourrouille, y de Trabajo, Hugo Barrionuevo, se reunieron con Saúl Ubaldini, el líder de la CGT, durante nueve horas cada vez durante tres días seguidos sin que trascendieran los temas tratados por el "pacto de silencio" que hicieron las partes. Finalmente, el viernes pasado se firmó el acta de nueve puntos en la que el Gobierno se compromete a: aumentar el salario mínimo de los jubilados de 80 a 90 dólares, estudiar en 60 días un nuevo régimen provisional, solucionar los conflictos en el gremio de la alimentación, autorizar a fin de año las discusiones libres entre trabajadores y empresarios sobre salarios y condiciones de trabajo y a debatir el programa económico alternativo de 26 puntos que propone la CGT. La central obrera dispuso a su vez suspender inmediatamente la declaración de la huelga de 48 horas y aceptó reintegrarse a la mesa de la Conferencia Económica y Social.
