La Cámara de la Propiedad, contra la subida de la contribución urbana
La Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid interpondrá recurso contencioso-administrativo en contra de la elevación de la contribución territorial urbana por parte del Ayuntamiento de Madrid -en vigor desde primeros de este mes, al haberse desestimado su reclamación y en el caso de que el recurso económico-administrativo interpuesto no se resuelva en el plazo legal o también sea desestimado, según informó ayer dicha entidad. La repercusión relativa de la subida será de un 43%, "que el contribuyente no está en condiciones de asumir", afirma dicha institución.
"La elevación de la contribución territorial urbana tiene dos vertientes, una jurídica y otra sociopolítica", según un comunicado difundido ayer por la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid en el que anuncia su decisión de interponer un recurso contencioso-administrativo en contra de la elevación de dicha contribución por parte del Ayuntamiento de Madrid."En el primer jurídico", añade, "plantea el siguiente problema: el Parlamento, en las leyes de los Presupuestos Generales del Estado de los últimos años, ha venido elevando reiteradamente los valores de los inmuebles, pero no se ha contentado con esto, sino que además, por una normativa de urgencia, ha eliminado a los contribuyentes de participar en la fijación de las bases de los valores, que era una de las garantías que tenían como administrados. Ha modificado la esencia del impuesto y ha dado a los ayuntamientos unas facultades omnímodas en la fijación de los tipos impositivos".
La Cámara de la Propiedad entiende que "algunas de estas modificaciones están plenamente incursas en inconstitucionalidad, y mientras el Tribunal Constitucional no afronte directamente la limitación de las facultades legislativas del Parlamento, en recta aplicación de nuestro máximo texto legal, tanto las leyes de los Presupuestos Generales del Estado como las normas de urgencia para el saneamiento de las haciendas locales siguen estando plenamente en vigor y permitiendo que se produzcan estas elevaciones de la contribución teritorial urbana".
"En el segundo aspecto, la cuestión se plantea más preocupante", afirma dicha entidad, que recuerda haber expuesto al Ayuntamiento de Madrid, "mediante las oportunas reclamaciones, la necesidad de que el pleno municipal reconsiderase el acuerdo adoptado, toda vez que junto a la elevación del tipo al 28% se estaba produciendo la elevación de valores en un 20% por la ley de Presupuestos para 1986, lo que iba a producir una elevación relativa de cerca del 43%, ya que un inmueble que en 1985 tributaba 65.800 pesetas pasaría a pagar 94.080 pesetas en 1986, lo que era una elevación que no estaba en condiciones de asumir el contribuyente madrileño".
Prioridades
También califica de "no menos gravoso" el adelanto del pago de esta contribución al primer semestre del año, que hasta ahora se venía haciendo en el último trimestre. Finalmente, indica que "es necesario que el Tribunal Constitucional de prioridad a la resolución de recursos en los que se analicen normas cuyo alcance puede afectar a millones de ciudadanos, como las relativas a la contribución territorial urbana y a la libre fijación de los tipos impositivos por los ayuntamientos".Otras críticas al citado incremento tributario han sido efectuadas anteriormente por parte del Grupo Popular y el partido Centro Democrático y Social (CDS). La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) presentará recurso por el adelanto del cobro.
Tantó el Grupo Popular como el CDS han señalado la presunta inconstitucionalidad de la ley de Saneamiento y Regulación de las Haciendas Locales en su artículo 13, que faculta a los ayuntamientos a fijar el gravamen de la contribución urbana.
José María Álvarez del Manzano, portavoz del Grupo Popular en la corporación municipal madrileña, manifestó el pasado día 6 de marzo la opinión de su grupo en cuanto a que "el ayuntamiento no puede subir el tipo de la contribución urbana". Y añadió, sobre dicha subida de tipos que la ratificación del Tribunal Constitucional en cuanto a aquella inconstitucionalidad "obligaría al Ayuntamiento de Madrid a devolver a los madrileños 1.000 millones de pesetas".
