Economía investiga anomalías en la Compañía Internacional de Seguros
La Dirección General de Seguros del Ministerio de Economía y Hacienda ha observado faltas en los libros de contabilidad de la Compañía Internacional de Seguros (CIS), la de mayor tamaño de todas cuantas han entrado en proceso de liquidación. Estas anomalías contables podrían ser traspasadas al ministerio fiscal para su examen y para que, en caso de que procediera, se emprendieran acciones penales, siguiendo la norma utilizada en todos los procesos liquidadores.
La Compañía Internacional de Seguros, cuyo volumen de primas supera los 1.700 millones de pesetas y con una cartera de clientes compuesta por unas 160.000 personas repartidas en toda España, se encuentra en fase de liquidación. La Dirección General de Seguros intensificó en mayo del año pasado sus acciones inspectoras sobre la compañía, detectando las mencionadas irregularidades y graves problemas de solvencia que aconsejaron la liquidación, según fuentes de la Administración. Los empleados de CIS opinan, sin embargo, que la Administración conocía desde 1984 los problemas de solvencia de la firma y que su pasividad permitió la actual situación. El comité de empresa asegura que, hasta hace pocos meses, fuentes de la Dirección General de Seguros garantizaban la solvencia de CIS a quienes preguntaban sobre la misma, lo que fue calificado de "muy dudoso" por fuentes de la dirección general.Fuentes próximas a los tres administradores liquidadores, nombrados por los accionistas de la firma (Gabriel Martín, persona próxima al fundador de la compañía, el polémico financiero Julio Ramonet, y los técnicos externos Jaime Pérez Costa y José Bernat Sans), sostienen que el patrimonio de la compañía es suficiente para pagar los compromisos contraídos. La Dirección General de Seguros ha rechazado, sin embargo, la valoración de los inmuebles que constituyen el patrimonio de CIS, efectuada por los liquidadores, por considerarla hinchada.
Fuentes de la Dirección General de Seguros indicaron como muy probable la sustitución de los actuales liquidadores por otros, pertenecientes a la Administración. Ello sucedería en el momento del ingreso de CIS en la Comisión Liquidadora.
La Compañía Internacional de Seguros está estrechamente vinculada al resto de los negocios de Julio Muñoz Ramonet, ex propietario de los almacenes El Globo y El Águila, desaparecidos éstos últimos tras un extraño incendio. El liquidador nombrado por los accionistas, Gabriel Martín Sánchez, participó ya en la liquidación de los almacenes El Águila. Asimismo, la compañía tiene como símbolo el águila emblemática que presidía todos los negocios de Muñoz Ramonet, quien actualmente reside fuera de España.
Fuentes próximas a los liquidadores señalaron que las causas de la crisis provienen de la estructura de su cartera de clientes, cuyo 80% corresponde a seguros del automóvil. "Tal como está el nivel de primas, se trata del seguro menos rentable", afirmaron. Entre los clientes figuran, según los trabajadores, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, y el secretario general de Esquerra Republicana de Cataluña, Heribert Barrera.
Un año a la deriva
Los trabajadores opinan, por el contrario, que la crisis de la compañía fue propiciada por el holding del propio Muñoz Ramonet, quien hace un año barrió a todos los directivos y colocó a liquidadores "sin ninguna experiencia en el ramo, por lo que hemos estado todo este tiempo a la deriva y sin atender a los clientes". La plantilla está compuesta por unas 200 personas, repartidas por las distintas delegaciones, y mantiene desde hace un mes una huelga en la oficina central de Barcelona.Durante la huelga, causada por el impago de las nóminas en los últimos dos meses, se han producido diversos enfrentamientos. En uno de ellos, una discusión entre miembros del comité de empresa y Gabriel Martín, los trabajadores arrojaron a la basura los retratos de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera que éste tenía en su despacho. Días después, el mismo Martín presentó una denuncia en comisaría por la desaparición de su revólver, guardado en su despacho. Miembros del comité de empresa señalaron que ello les convertía "en los principales sospechosos del robo, lo que aumenta la tensión en que vivimos".
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