Coalición Popular quiere un mayor control parlamentario de la televisión privada

Coalición Popular y el Gobierno manifestaron ayer, tras la negociación que mantuvieron representantes de ambas partes en el Ministerio de Cultura a lo largo de más de una hora, la posibilidad de que el Instituto Nacional de la Televisión Privada, diseñado en el proyecto de ley de Regulación de la Televisión Privada, esté sometido a control parlamentario.

Tanto Javier Solana, portavoz del Gobierno, como Carlos Robles Piquer, coordinador general de AP, coincidieron en admitir la posibilidad de encontrar fórmulas concretas que permitan un acuerdo entre el Gobierno y la Coalición Popular sobre el proyecto de ley, si bien Robles Piquer recordó que el consenso político y parlamentario final está condicionado por su grupo a la sustitución de José María Calviño como director general de Radiotelevisión Española.

Los representantes de la oposición conservadora -Carlos Robles Piquer (AP), José Ignacio Wert (PDP) y Gabriel Castro (PL)- expusieron al ministro de Cultura, Javier Solana; y al de Presidencia, Javier Moscoso, varias propuestas dirigidas a reducir la dependencia gubernamental del futuro Instituto Nacional de la Televisión Privada. Solana admitió ante los periodistas al término, de la reunión que el Gobierno está dispuesto a aceptar alguna fórmula que permita el control del citado instituto por el Parlamento. El Instituto Nacional de la Televisión Privada es concebido por el Gobierno como un organismo autónomo de la administración encargado de asesorar al Ejecutivo sobre las concesiones administrativas de los canales, la rescisión de dichas concesiones, la imposición ole sanciones y la elaboración del plan técnico nacional sobre televisión.

Intercambio de opiniones

Los portavoces de Coalición Popular y los representantes del Gobierno intercambiaron asimismo puntos de vista sobre otros dos bloques del proyecto de ley los principios jurídicos en los que se inspira y las condiciones y plazos de las concesiones administrativas. Robles Piquer, José Ignacio Wert y Gabriel Castro expresaron su preferencia por una formulación que reconozca la titularidad del servicio de televisión a los particulares y no al Estado y que, en consecuencia, establezca un régimen de autorizaciones, en vez de el de concesiones administrativas. La posición de los representantes gubernamentales fue el de mantener inalterable en este aspecto el proyecto de ley.Según los negociadores de la Coalición Popular, Solana y Moscoso aceptaron estudiar la posibilidad de ampliar el plazo de duración de las concesiones de canales de la televisión privada, actualmente fijado en diez años. Asimismo, admitieron introducir, al parecer, algunas rectificaciones en aspectos concernientes a las sanciones previstas contra los concesionarios.

Javier Solana expresó tras la reunión su esperanza "en llegar a un cierto acuerdo de principio" con la Coalición Popular. Por su parte, Carlos Robles Piquer juzgó que en la reunión se había "avanzado bastante". "Creemos", precisó, "que es posible una fórmula que concilie los criterios diversos de ambos grupos políticos".