El Congreso aprueba la supresión de las tasas judiciales

El Congreso de los Diputados aprobó ayer por el procedimiento de lectura única, con 244 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones el proyecto de ley de Supresión de las Tasas Judiciales. El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, presentó el proyecto y afirmó que "la Historia tendrá irremediablemente que reconocer que fueron los socialistas quienes eliminaron uno de los obstáculos que secularmente han dividido a los españoles en dos grupos desiguales".

El artículo único del proyecto de ley -que habrá de ser debatido próximamente por el Senado- establece que "se suprimen las tasas judiciales y las que se devengan por la expedición de certificaciones del registro civil".El PSOE aceptó varias enmiendas de Minoría Catalana y de Coalición Popular que proponían un segundo artículo que habría suprimido también el impuesto de Actos Jurídicos Documentados a que están sometidas las actuaciones jurisdiccionales.

Pese a que todos los grupos parlamentarios apoyaron el proyecto, los portavoces contestaron al ministro para señalarle que había exagerado el tono triunfalista en su intervención. Luis Ortiz, por el Grupo Centrista, afirmó que la intervención del ministro había tenido "un aire entre testamentario y de jefe de prensa de sí mismo". Juan Ramón Calero, por el Grupo Popular, la calificó de "discurso de despedida como ministro, mitin, o intervención en un congreso de UGT".

Ledesma recordó en su intervención, entre otras cuestiones, que ya se habían dado algunos pasos en la dirección de suprimir las tasas judiciales, y aseguró que "ahora se da el paso definitivo". "Este paso definitivo", dijo, "lo dan un Gobierno y una mayoría socialista. No me cabe la menor duda. Sólo un Gobierno comprometido con la transformación igualitaria de la sociedad, únicamente un grupo parlamentario empeñado en remover cuantos obstáculos se oponen a la igualdad entre los españoles, comprometido en el servicio a los españoles, especialmente a los más desfavorecidos, podían dar el paso que este proyecto de ley supone".

Calificó Fernando Ledesma el proyecto como una de esas medidas "irreversibles, que se convierten en conquistas sociales a las cuales ya nunca nadie podrá renunciar". Juan Ramón Calero, del Grupo Popular, dijo en su respuesta al ministro que no serán 6.000 millones, contra lo que Ledesma afirmaba, los que el Estado dejará de recaudar este año por la supresión de las tasas judiciales, sino unos 2.000 millones, ya que el proyecto, tras su aprobación definitiva en el Senado, entrará en vigor el próximo 1 de septiembre.

Calero ironizó también sobre la referencia del ministro al consenso de la Cámara en torno al proyecto, y explicó que se trata de "un gran consenso sobre un artículo de dos líneas".

Medidas administrativas

El pleno del Congreso dedicó las dos primeras horas de la sesión de ayer a la convalidación del decreto ley de 14 de marzo de 1986 sobre medidas urgentes administrativas, financieras, fiscales y laborales. Este decreto establece medidas basadas en la simplificación y reducción de los trámites administrativos para las empresas la regulación de las horas extraordinarias, de forma que se reducen a 80 al año las 100 anuales que se permitían hasta ahora; la corrección monetaria de los valores patrimoniales; y la regulación de las sociedades y fondos de capital-riesgo.El ministro de Hacienda, Carlos Solchaga, defendió la coherencia y la necesidad de esas medidas urgentes, después de insistir en un cuadro de mejoras generalizadas en la economía española durante 1985. Le respondió el representante de Coalición Popular, Rodrigo Rato, quien acusó al Gobierno de inmovilismo por no actuar de modo que la economía española pueda favorecerse del momento de bienestar que se registra en el ámbito intemacional. El decreto ley Iey convalidado con 160 votos afirmativos, ninguno negativo y 67 abstenciones. Asimismo, se: decidió por 224 favorables y cuatro abstenciones que el decreto, fuera tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

El pleno del Congreso rechazó también dos enmiendas a la totalidad del Grupo Popular y del Grupo Centrista al, proyecto de ley de Fiscalidad Municipal en la Ordenación del Tráfico Urbano que, con un artículo único, viene, entre otras cosas, a legalizar lo que se conoce como la ORA, tasa impuesta por algunos ayuntamientos al aparcamiento de vehículos en el centro de las ciudades.

El proyecto vuelve ahora a comisión, donde será modificado por enmiendas del propio Grupo Socialista.