Euskadiko Ezkerra exigirá a altos cargos del Gobierno vasco que devuelvan indemnizaciones

Euskadiko Ezkerra exigirá próximamente en el Parlamento vasco la devolución a la Hacienda pública de las indemnizaciones cobradas por el lendakari, José Antonio Ardanza; el portavoz del Ejecutivo autónomo, Eugenio Ibarzábal; el consejero de Hacienda, Fernando Spagnolo, y por todos los demás altos cargos que no quedaron en situación de desempleo al abandonar sus anteriores puestos en las diferentes áreas de la Administración vasca.

Las cesantías, término con el que se designa en los medios de la Administración vasca a las indemnizaciones por cese o dimisión, han sido abonadas no sólo por el Gobierno vasco y por las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa, sino también por los propios organismos autónomos y sociedades públicas: Eusko Trenbideak (Ferrocarriles Vascos), EITB (Radiotelevisión Vasca), HABE (Organismo para la alfabetización y euskaldunización de adultos), el ente vasco de la Energía, etcétera.En el pasado ejercicio sólo el Gobierno vasco entregó en concepto de cese o dimisión un total de 119.530.000 pesetas. La partida presupuestaria correspondiente al año anterior establece una cifra de 100.620.000 pesetas, la de 1983 se sitúa en 34.723.000 pesetas y la del año 1982 en 24.576.000 pesetas.

Xabier Olaberri, diputado de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento vasco, apuntó ayer la posibilidad de que su partido inicie acciones legales por malversación de fondos contra determinados altos cargos que han cobrado estas prestaciones, pese a que las normas forales les excluían como beneficiarios. Fuentes de la diputación de Guipúzcoa indicaron que las indemnizaciones abonadas a Eugenio Ibarzábal, anterior jefe del gabinete técnico del diputado general y ahora portavoz del Ejecutivo, y a Fernando Spagnolo, ex director general de Hacienda de la diputación y en la actualidad consejero de Hacienda fueron decididas por el consejo de la diputación y que las cantidades percibidas no superaron en ninguno de los dos casos el millón de pesetas.

Aplicación de criterios

La norma foral aprobada por las Juntas Generales de Guipúzcoa reconoce únicamente al diputado general y a los diputados forales el derecho a recibir las prestaciones por cese o dimisión. Se plantea pues el interrogante de si el consejo de la diputación puede aplicar de forma extensiva los criterios de la norma foral aprobada por las juntas generales de la provincia, el organismo de control del gobierno de la diputación.Los dirigentes de EE consideran que el cobro de indemnización por cambios de puesto dentro del conjunto de la Administración vasca, no es sólo un hecho éticamente reprobable, que cuestiona la moralidad de sus protagonistas, sino además una práctica ilegal establecida a partir de una interpretación "torcidamente interesada" de la ley de Gobierno aprobada el 30 de junio de 1981 por el Parlamento vasco y de las correspondientes normas forales de las diputaciones.

Fuentes del Gobierno vasco aseguran, por el contrario, que el pago de las cesantías es perfectamente legal y ha sido realizado de conformidad con la ley de Gobierno, los acuerdos posteriores del Ejecutivo y las correspondientes normas forales. El 30 de enero de 1984, el Gobierno vasco adoptó una serie de disposiciones destinadas a regular la ley de Gobierno de 30 de junio de 1981, a la vista de que "este precepto adolece de una gran simplicidad y generalidad". El acuerdo del 30 de enero de 1984 limita el cobro de las indemnizaciones a los casos en que se abandone la Administración de la sede del Gobierno vasco de Vitoria, de forma que se impide que una persona pueda cobrar por el simple cambio de puesto dentro de los servicios centrales de la Administración.