Amenazas y errores en Nicaragua

EL PRESIDENTE Reagan ha colocado en un lugar prioritario en la política exterior de EE UU la eliminación del Gobierno sandinista, que detenta el poder en Managua desde el fin de la dictadura de Somoza, en 1979. Para ello está centrando sus esfuerzos en lograr del Congreso y del Senado una ayuda militar para los contra con la idea de que estos grupos armados, antiguos somocistas y otros sectores enfrentados con el sandinismo, consigan derribar o crear una situación insostenible a Managua.A pesar de que Reagan se está empleando a fondo utilizando el argumento de la "amenaza exterior" a las fronteras de EE UU y acusando de falta de patriotismo a los congresistas que se oponen a sus propuestas, está encontrando obstáculos muy serios para llevar adelante esta política. En la Cámara de Representantes fue rechazada su demanda de 100 millones de dólares para la contra. En el Senado, a pesar del clima creado por las operaciones en las costas libias y en Honduras, el éxito de la Administración no ha sido fácil: una primera votación sobre la ayuda, sin condiciones, fue rechazada por 60 votos contra 39; Reagan obtuvo la aprobación de dicha ayuda por 53 votos contra 47 solamente después de haber aceptado condiciones que había rechazado anteriormente, entre ellas un plazo de tres meses para negociar. La prensa liberal norteamericana destaca que solamente un ciudadano sobre tres acepta la ayuda militar a la contra y que sería un error de Reagan creer que tiene un apoyo claro para su lucha contra el régimen sandinista.

Por otro lado, ¿son suficientes esos 100 millones de dólares para crear una fuerza capaz de amenazar al Gobierno de Managua? La realidad es que la contra no ha logrado establecerse en serio en ningún punto de Nicaragua; opera, cuando opera, con infiltraciones desde Honduras o Costa Rica. El coronel McFarlane -consejero de Reagan para la seguridad nacional hasta hace unos meses- ha declarado que serían precisos no 100, sino un mínimo de 500 millones de dólares. Al cabo de varios años, desde que la CIA empezó a poner en marcha estas operaciones de guerra secreta, el balance es escaso. En el fondo, la táctica que está utilizando Reagan tiene una racionalidad si sirve para preparar una intervención militar norteamericana en toda regla. Pero el Congreso y la opinión pública reacciona con mucha sensibilidad ante cualquier eventualidad de ese género; y el presidente Reagan ha tenido que repetir una y otra vez que el empleo de tropas de EE UU estaba totalmente excluido.

Los obstáculos exteriores a la política del presidente Reagan son asimismo importantísimos y van a cobrar una nueva vitalidad con la reunión de cancilleres del Grupo de Contadora (Colombia, México, Panamá y Venezuela) y del grupo de apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), con los cancilleres de los países centroamericanos que tendrá lugar en Panamá dentro de unos días. El objetivo es poner sobre el tapete la necesidad y la urgencia de soluciones pacíficas, y de la firma del tratado de paz y seguridad regional que se viene elaborando y negociando desde 1983. Los Gobiernos latinoamericanos, incluso los que tienen actitudes muy contrarias al sandinismo, se oponen a la actual política de Reagan, basada en la intervención militar. Ellos se esfuerzan por mantener abierto el camino de las soluciones negociadas. Reagan puede ignorar y sabotear estos esfuerzos pacíficos, pero no puede impedir que la existencia de una alternativa basada en la negociación refuerce la oposición a su política en el Congreso.

En la actual coyuntura, ante los ataques promovidos por la Administración de Reagan, crece lógicamente en los sectores progresistas de Europa la solidaridad con el Gobierno sandinista. Pero también la preocupación por las actitudes crecientemente autoritarias del régimen de Managua, los continuos ataques a la libertad de expresión y los errores incomprensibles en los que incurre la dirección sandinista, dañinos para la causa misma que el sandinismo defiende. Cuando el presidente Ortega visitó Moscú en abril de 1985, unos días después de que en Washington el Congreso hubiese rechazado la ayuda para la contra, es evidente que ese viaje fue extraordinariamente útil para Reagan. Hace unos días, cuando el Senado iba a votar sobre la ayuda que los congresistas habían rechazado, las incursiones en territorio de Honduras, reconocidas por el propio Ortega, resultan inaceptables e incomprensibles. Para Nicaragua debería ser fundamental defender el principio del respeto de las fronteras. De otra manera difícilmente podría protestar si las suyas son violadas. De cómo actúe Managua depende en gran medida que la corriente crítica a la política de Reagan en el interior de Estados Unidos (en el Congreso, en la prensa, en la opinión pública) sea capaz de frenar el aventurerismo del Pentágono y de promover soluciones negociadas. Las incursiones armadas en Honduras -aun si son para castigar a la contra- resultan tan censurables como el castigo israelí de los campos palestinos en Líbano. Y desdicen de la proclamada voluntad de paz del sandinismo.