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La Diputación de Guipúzcoa admite pagar indemnizaciones a altos cargos

La Diputación de Guipúzcoa admitió ayer implícitamente, la práctica del pago de indemnizaciones a cargos públicos que pasan a ocupar otras funciones en la Administración vasca, por medio de una nota en la que niega el carácter pretendidamente ilegal de estas prestaciones.Por el contrario, la diputación de Guipúzcoa señala en la nota que la norma foral, "aprobada por todos los junteros, incluidos los de Euskadiko Ezkerra", autoriza al diputado general y a los diputados forales que cesen o dimitan de sus cargos "a percibir una prestación económica temporal equivalente al 80% de la remuneración que venían percibiendo y que esta prestación será la cifra resultante de computar tres mensualidades por el primer año de desempleo del cargo y una mensualidad por cada uno de los años siguientes, con un mínimo de tres meses y un máximo de seis".

La polémica fue suscitada días atrás por el diputado de Euskadiko Ezkerra en el Parlamento vasco, Xabier Olaberri, en unas declaraciones en las que afirmó que el lendakari José Antonio Ardanza ha cobrado una indemnización de varios millones de pesetas por dejar su anterior cargo de diputado general de Guipúzcoa. Xabier Olaberri indicó que el cobro de las cesantías, cuyo importe anual supera, a su juicio, los 100 millones de pesetas, constituye un hecho bochornoso y sorprendente, sin precedentes en ninguna otra administración y de manifiesta ilegalidad.

El diputado vasco de Euskadiko Ezkerra aseguró que el Parlamento vasco aprobó únicamente un seguro de desempleo para aquellas personas que se quedaran sin empleo alternativo al abandonar su cargo y que esta norma ha sido posteriormente transformada hasta rebasar los límites de la legalidad.

En la nota facilitada ayer, la diputación de Guipúzcoa sostiene que las administraciones europeas cuentan con prestaciones similares, se remite a los precedentes de la legislación estatal en sus presupuestos anuales y señala que la denuncia de Xabier Olaberri es una crítica fácil, plagada de falsedades que "pretendiendo perjudicar a un determinado partido perjudica fundamentalmente a nuestras instituciones".

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