Los grandes bancos acuerdan repartir sus riesgos en los créditos electorales a los partidos

Las campañas electorales de este año -elecciones autonómicas andaluzas y legislativas- sitúa a los partidos políticos en la necesidad de solicitar créditos. Los presidentes de los siete grandes bancos decidieron el mes de febrero pasado que el reparto de las ayudas concedidas a las formaciones políticas se sindicará entre todos ellos atendiendo al tamaño de cada banco. Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, AEB, es el encargado de establecer los "criterios objetivos" que establezcan cuánto dinero hay que dar a cada partido, "excluyendo a los extremos".

Los presidentes de los grandes bancos -Central, Banesto, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander y Popular- acordaron en su tradicional almuerzo mensual correspondiente al mes de febrero adelantarse a las posibles visitas individualizadas de los partidos a cada uno de ellos para discutir la concesión de créditos con los que poder financiar las próximas campañas electorales.El acuerdo alcanzado por los siete grandes, con la presencia de Rafael Termes y de Miguel Boyet como presidente del Banco Exterior de España, consistió en que se acordará la cifra global a facilitar a cada organización política que se presente a las elecciones y que dicho montante se distribuirá entre los bancos en función del tamaño de estas entidades. Como señalaban medios del sector, "la decisión de corporativizar las aportaciones a los partidos, compartiendo el riesgo en función de nuestro tamaño, nos devuelve a las primeras elecciones democráticas, cuando todavía no estaba consolidado el nuevo modelo de sociedad".

El acuerdo establece que será el presidente de la patronal bancaria quien, "realizando una tarea equiparable a la de un secretario general de cualquier entidad bancaria", establezca los "criterios objetivos" que permitan calcular las cantidades que se deben suministrar a cada partido político. El Banco Exterior de España, como ya es tradicional, no financiará a los partidos, ya que se considera que es mejor que no participe dada su condición de banco público y que, además, tiene créditos concedidos a organizaciones sindicales.

Rafael Termes, presidente de la patronal bancaria, de la que forman parte 120 entidades nacionales y extranjeras, tendrá que explicar que su función es particular y no vinculada al hecho de ser presidente de la patronal del sector, puesto para el que acaba de ser reelegido para un período de cuatro años.

Un único negociador

El presidente de la AEB recibirá a los representantes de los partidos políticos para escuchar sus necesidades de financiación y se prevé que también para comunicarles si sus peticiones han sido aceptadas en todo o en parte. De esta manera los presidentes de los grandes bancos se ahorrarán -al margen de las aportaciones que quieran hacer fuera del acuerdo- las visitas y tener que decir que no a algunas peticiones. En cualquier caso, parece que Termes será aconsejado por los presidentes de los dos grandes bancos, Alfonso Escámez, del Central, y Pablo Garnica, de Banesto.El acuerdo alcanzado por los grandes bancos abarca a todas las fuerzas políticas, "excluyendo los extremos; es decir, desde Coalición Popular al partido socialista". Aunque no hay decisión tomada todavía, en medios financieros se espera que el volumen de dinero que se conceda a las organizaciones políticas esté en función de las expectativas de voto de cada una de ellas para intentar minimizar el posible impago de los créditos concedidos.

Los bancos, por su experiencia de convocatorias anteriores, saben que estos créditos tienen la garantía de cobro de las cantidades que el Estado da a cada fuerza política en función de los votos obtenidos y de los escaños logrados, o su recobro es prácticamente imposible. Pero con esa garantía exclusivamente no se asegura el pago, aunque las encuestas sobre las que se decida la intención de voto, y por tanto el dinero a conceder, acertaran plenamente. Así, por ejemplo, El PSOE declaró haber obtenido 823 millones de pesetas de créditos bancarios para las elecciones generales de 1982, mientras que AP obtuvo 600 millones. Las subvenciones a que tuvieron derecho por el número de votos y de escaños ascendieron a 1.200 millones en el caso de los socialistas y a 482 millones en el de los aliancistas. Las mayores desviaciones se registraron en los casos de UCD, que recibió créditos por valor de 722 millones de pesetas y tan sólo 38 millones por votos y escaños, y el CDS, organización a la que se prestaron 385 millones de pesetas y sólo tuvieron derecho a ocho millones de subvención.

Son estas disparidades entre créditos y resultados las que parece que han asustado a los presidentes de los grandes bancos y les ha movido a tomar la decisión de sindicar el riesgo entre ellos en función de su tamaño para impedir nuevas sorpresas. Por ello, cuando uno de los presidentes propuso, "en el aperitivo previo al la comida", volver a la fórmula aplicada en las primeras elecciones generales, "el resto lo aceptó de forma entusiasta", según declaraba uno de los asistentes al almuerzo.

Para entender este entusiasmo hay que tener en cuenta que el Banco de España, en su papel de supervisor de la actividad financiera, recomienda "con todas sus fuerzas" a los bancos que en el caso de que concedan créditos a organizaciones políticas hagan las dotaciones suficientes para cubrir el riesgo de su morosidad. Por ello, una sindicación del riesgo rebaja en muchos casos el volumen de fondos que algunas instituciones tendrían que conceder si actuaran cada una por su lado y se vieran sometidas a las presiones de los partidos que más se identifican con ellas.

El entusiasmo manifestado en público se matiza cuando los bancos explican el acuerdo por separado. Para algunos, la fórmula es la ideal, ya que consideran imposible negarse a financiar a la mayor parte de los partidos políticos y, por tanto, es mejor "ir todos juntos y que nadie se considere discriminado por una entidad". Para otros, la sindicación de los créditos a la mayor parte de los partidos representa volver a prácticas antiguas de corporativismo que se querrían desterradas.

La exclusión comunista

Para estos últimos, tomar decisiones colegiadas de esta importancia, negando además el crédito a organizaciones como los diferentes partidos comunistas, "que son buenos cumplidores de sus compromisos crediticios", representa impedir que cada banco tome decisiones propias sobre el destino de sus inversiones. Estas entidades consideran, además, que identificar al presidente de la patronal del sector -recientemente reelegido por cuatro años- con la persona que debe definir las grandes líneas del acuerdo de financiación a los partidos significa politizar en exceso este cargo.