La magnitud del déficit público

LAS RECIENTES declaraciones oficiales anunciando que el déficit del Estado alcanzó en 1986 la cifra de 1,6 billones de pesetas no han hecho sino añadir una dosis adicional de confusión a la ya existente en esta materia. Los repetidos anuncios de que el déficit público disminuyó en 1985 parecen cada vez menos verosímiles y no serán las nuevas aseveraciones las que permitan zanjar la cuestión. De lo que se ha venido hablando hasta ahora ha sido del déficit del Estado según las definiciones de la contabilidad nacional; de lo que conviene hablar es de las necesidades financieras del conjunto de la administraciones públicas, que es de lo que se habla en el mundo cuando se discuten los problemas del déficit público.La diferencia entre una y otra definición es bastante considerable. La segunda es más amplia que la primera puesto que incluye, además del Estado, la Seguridad Social, los organismos autónomos y los entes territoriales. También es la más significativa desde el punto de vista económico cuando se quieren discutir las consecuencias del déficit público. Desde esta perspectiva, lo que en definitiva cuenta es la cantidad de recursos que absorbe la financiación del conjunto de las administraciones.

Según la Asociación Española de Banca (AEB), la necesidad de financiación del conjunto de las administraciones públicas alcanzó en 1985 la nada desdeñable cifra de 2,4 billones de pesetas, lo cual significa unos 300.000 millones más que en 1984. Esta cifra comprende todas las operaciones del sector público y, por consiguiente, incluye la operación Rumasa en 1984 (440.000 millones) y la asunción de deuda del INI en 1985 (180.000 millones). Si descontamos estas cifras, el deterioro de las cuentas públicas es aún mayor del que parece la primera vista y necesita, obviamente, una explicación. El margen de acción que ha procurado la baja de los precios del petróleo podría ser bastante menor del hasta ahora previsto," y el permanente anuncio de nuevas medidas económicas tendría una lectura distinta, al menos desde el punto de vista de la racionalidad económica.

De confirmarse las cifras avanzadas por el Estado serían los otros agentes públicos los responsables del fuerte incremento del déficit. De entre éstos aparece en primer lugar la Seguridad Social que, tras varios años de abstinencia, incrementó su recurso al Banco de España en 70.000 millones de pesetas en los dos últimos meses de 1985. Se trata de una práctica evidentemente rechazable (el Banco de España no está para eso), pero sobre todo se trata de un indicio de por dónde han podido ir las cosas. Otros candidatos, que han podido contribuir al deterioro, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. De unos y otros sabemos poco a estas alturas del año la urgencia con que reclaman fondos de la Administración central podría también utilizarse en informar a los administrados sobre el estado de sus propias cuentas.

Todo esto podrá discutirse con mayor rigor el día en que por fin se publiquen las cuentas del conjunto de las administraciones en 1985, incluso si éstas son provisionales, pues más vale una estimación realizada por los propios gestores públicos que las indirectas a las que se ven abocados los organismos privados. En este sentido, podría incluso suceder que los economistas de la AEB se hayan quedado cortos. En cualquier caso, esos 2,4 billones de pesetas están muy lejos de los 1,6 billones del Estado (aunque las definiciones sean diferentes) y representan, en porcentaje del producto interior bruto (PIB), la preocupante, cifra del 8,5%, medio punto más que en 1984. La magnitud de las cifras requiere una completa y urgente explicación pública.