La ley de transportes terrestres abre el camino al ferrocarril privado

La ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, cuya andadura parlamentaria comenzó ayer en el Congreso, abrirá paso a la posiblidad de que empresas privadas puedan crear ferrocarriles para transporte de personas, con lo que se quiebra el monopolio de Renfe. La norma prevé expresamente la existencia de ferrocarriles de transporte privado.

El ministro de Transportes, Turismo y Comunicaciones, Abel Caballero, presentó esta ley, que pasará ahora a comisión, y consiguió que los grupos Popular y Minoría Catalana retiraran las enmiendas de devolución que tenían previstas. Los socialistas estimaron coherente esta actitud a la vista del consenso que se ha producido sobre esta ley con las asociaciones de transportistas y usuarios.Un capítulo de la norma, de 214 artículos, se dedica a los ferrocarriles de transporte privado, cuya regulación se extiende en idénticos términos a la del transporte privado por carretera. "Para el establecimiento de un ferrocarril privado será necesario obtener previamente la correspondiente autorización administrativa". La ley permitirá un régimen de carácter flexible" en relación con la construcción y explotaciones de los apartaderos de titularidad privada que sirvan para completar ferrocarriles de transporte público.

El Gobierno pondrá en marcha la Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera (Enatcar), mediante lo cual el transporte por carretera queda segregado de Renfe, con la posibilidad de que la iniciativa privada compita en igualdad de condiciones con la red de ferrocarriles estatal. Enatcar será creada un año después a partir de la publicación de esta ley. Esta empresa nacional accederá a la titularidad de concesiones para la prestación de servicios en concurrencia con e resto de empresas privadas y en igualdad de condiciones. Por ello, las empresas privadas competirán con Renfe y con Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (FEVE), cuya titularidad será de Enatcar.Se mantiene el Consejo Nacional de Transportes Terrestres como órgano asesor y consultivo, integrado por la totalidad de los sectores presentes en el transporte terrestre. Esta ley propone una llamada Red Nacional Integrada, formada por aquellos servicios ferroviarios de interés básico, cuya prestación está asegurada por el Estado, gestionándolos a través de Renfe. Las demás líneas ferroviarias que no hayan de formar parte de esta red nacional podrán de pender de las comunidades autónomas y ser gestionadas por los particulares. La gestión del transporte urbano dependerá de los ayuntamientos. En todo caso, el texto establece "un sistema común de transportes para todo el Estado", aspecto que ha despertado susceptibilidades en los Gobiernos autonómicos.

"Autonomía empresarial"

El ministro de Transportes, Abel Caballero, expresó ayer su convencimiento de que con esta ley, al tiempo que se consagra "la autonomía empresarial", se pondrá fin a las corruptelas. A este efecto, se prevén multas de hasta 400.000 pesetas para los supuestos de sobrecarga, transporte de mercancías que no se correspondan con lo fijado en las licencias de sus titulares y con los autobuses piratas, entre otras picarescas."Como medida de apoyo a los pequeños transportistas", que carecen de una red de comercialización propia, se crean los centros de información y distribución de cargas. Su principal misión consistirá en poner en contacto a cargadores y transportistas, a fin de facilitar el máximo aprovechamiento de los vehículos y la comercialización de cargas.

El Grupo Popular retiró la enmienda de devolución de esta ley, no sin antes criticar la norma gubernamental por boca del diputado José Antonio Trillo. "Es, un texto farragoso, confuso, reiterativo, con un grado de intervencionismo que supera el dirigismo de la vieja ley de 1947". El titular de Transporte, Abel Caballero, confía en que esta ley tenga una vigencia de al menos 15 años.