La asociación judicial progresista acusa a Burón de ser un "apéndice togado" de Interior

El comité permanente de Jueces para la Democracia, asociación judicial progresista minoritaria, ha acordado expresar su sorpresa por el cambio de actitud del fiscal al retirar ante el Supremo la acusación que había mantenido contra el comisario Manuel Ballesteros en la Audiencia Provincial de San Sebastián, que le condenó a tres años de inhabilitación y 100.000 pesetas de multa por denegación de auxilio a la justicia. La asociación reprocha al fiscal general del Estado, Luis Burón, que asuma el papel de "apéndice togado del Ministerio del Interior" y se ampare en las llamadas "razones de Estado" para justificar "lo injustificable".

Entre las cuestiones tratadas por el comité permanente de Jueces para la Democracia, en la reunión celebrada en Madrid el pasado fin de semana, destaca su postura en torno al cambio de criterio del fiscal sobre el caso Ballesteros. En la reunión se recordó la sentencia dictada en mayo del pasado año por la Audiencia Provincial de San Sebastián, que consideró al ex jefe del Marido único de la Lucha Contraterrorista autor del delito de denegación de auxilio a la justicia, al haberse negado a facilitar a la autoridad judicial competente la identidad de los tres confidentes de la policía sospechosos de participar en el ataque perpetrado, en noviembre de 1980,al bar Hendayais, en el País Vasco francés. En ese atentado murieron tres personas y nueve resultaron heridas.La sentencia que condenó a Ballesteros rechazó la eximente de cumplimiento del deber, por entender que "toda actividad policial está sujeta a la Constitución y en un Estado de derecho no caben parcelas de ilegalidad o inmunidad". Asimismo, resaltó que Ballesteros dificultó la labor judicial, en lugar de prestar una cooperación "que habría permitido descartar, en beneficio del prestigio y honorabilidad del Estado español", decía la sentencia, "cualquier sospecha de connivencia policial con el atentado de Hendaya".

En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de San Sebastián, el fiscal mantuvo la acusación contra Ballesteros, mientras que en la vista de los recursos contra aquella sentencia, celebrada en pasado 11 de marzo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pidió la absolución. Invocó para ello el estado de necesidad en que se encontró el comisario Ballesteros, quien, según el fiscal, tuvo que optar entre el sometimiento de la policía al poder judicial y la vida de los confidentes, así como la seguridad en la lucha antiterrorista (veáse EL PAÍS del 12 de marzo de 1986).

Sorpresa

Una vez estudiados los antecedentes del caso, el comité permanente de Jueces para la Democracia -integrado por 20 jueces y magistrados, además de los siete que forman el secretariado- ha hecho pública por unanimidad su "sorpresa por el cambio de actitud del Ministerio Fiscal, que, desde el sostenimiento de la acusación pública, ha optado por- llevar a cabo una encendida defensa del comisario por él acusado en la instancia".El máximo órgano entre congresos de Jueces para la Democracia muestra su "grave preocupación por el argumento central utilizado por el fiscal general del Estado, que asumiendo un papel de apéndice togado del Ministerio del Interior, no duda en acudir a la eximente de estado de, necesidad para tratar de justificar lo injustificable: que un miembro de la policía judicial se niegue a poner en conocimiento de los tribunales datos esenciales para el esclarecimiento de graves hechos delictivos.

Según la información facilitada por el portavoz de la asociación judicial progresista, el magistrado Juan Alberto Belloch, "Jueces para la Democracia rechaza sin matices semejante argumento, tras el que se esconden de nuevo", dice, "las tristemente célebres y mal llamadas razones de Estado, como artilugio justificador de actitudes inadmisibles en un Estado de Derecho".

Además de Belloch, integran el secretariado de Jueces para. la Democracia, elegido en el congreso celebrado el pasado enero, los magistrados Gerardo Thomas, Javier Martínez Lázaro, Luciano Varela, Manuela Carmena, Perfecto Andrés y Antonio Nebot.

El cambio de actitud del Ministerio Fiscal sobre el caso Ballesteros fue también estudiado el pasado viernes por el secretariado de la Unión Progresista de Fiscales, que preside Fernando Jiménez Lablanca (veáse EL PAÍS del 15 de marzo último). Esta asociación acordó informarse durante la semana actual de si era seguro que el fiscal general del Estado no había sometido este asunto a consulta de la junta de fiscales; para, en caso de confirmarse tal omisión, emitir su opinión al respecto.

Según fuentes de esta asociación, en caso de que el cambio de actitud hubiera sido sugerido por el Gobierno, era obligada la consulta del fiscal general del Estado a la junta de fiscales de sala del Tribunal Supremo. En todo caso, la decisión última corresponde al fiscal general del Estado. Fuentes jurídicas progresistas destacan tanto la omisión de esta consulta ,como la rapidez con que se ha llevado este recurso ante el Tribunal supremo, a diferencia de las habituales dilaciones de la administración de justicia.