Burón no consultó con la junta de fiscales la retirada de la acusación contra Ballesteros

El fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, no sometió a deliberación de la junta de fiscales, como es habitual, la decisión de retirar ante el Tribunal Supremo la acusación contra el comisario Manuel Ballesteros, condenado por la Audiencia Provincial de San Sebastián a tres años de inhabilitación y 100.000 pesetas de multa por denegación ole auxilio a la justicia. Según fuentes próximas a la mencionada junta, algunos de sus miembros han expresado en privado su disgusto por la actitud de Burón y ayer se ocupó del asunto la Unión Progresista de Fiscales (UPF), cuyo secretariado se reunió, presidido por Fernando Jiménez Lablanca, en la sede de la Escuela Judicial.En la vista de los recursos, de casación contra la sentencia, celebrada el pasado martes, 11 de marzo (veáse EL PAÍS del 12 de marzo), el fiscal, en coincidencia con altos cargos del Ministerio del Interior y con el defensor del condenado, solicitó la absolución del comisario Ballesteros. En el caso del fiscal, esta posición difirió de la mantenida en su día ante la Audiencia Provincial de San Sebastián, en donde pidió la condena de Ballesteros. Este cambio de actitud merecía, según fuentes jurídicas progresistas, al menos una deliberación conjunta de los máximos representantes del Ministerio Fiscal, aunque, en virtud del principio jerárquico, hubiera prevalecido el criterio del fiscal general.

Sin embargo, la junta de fiscales (integrada por Burón, el teniente fiscal Cándido Conde-Pumpido Ferreiro, los fiscales de sala del Tribunal Supremo, el del Tribunal Constitucional y el inspector fiscal), no fue consultada sobre un cambio de posición de tanta trascendencia, lo cual ha producido malestar entre algunos de sus miembros y entre los asociados de la UPF, cuyo secretariado estudió ayer esta cuestión.