Interior y el fiscal apoyan a Ballesteros en el caso del bar Hendayais
El fiscal y altos cargos del Ministerio del Interior mostraron su apoyo al comisario Manuel Ballesteros en la vista de los recursos, en el Tribunal Supremo, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián que condenó al jefe policial a tres años de inhabilitación y 100.000 pesetas de multa por denegación de auxilio a la justicia. Ballesteros fue condenado por haberse negado reiteradamente a facilitar a los jueces la identidad de tres confidentes de la policía, sospechosos de participar en el ataque, en noviembre de 1980, al bar Hendayais, en el País Vasco francés, en el que tres personas resultaron muertas y nueve heridas.
El fiscal modificó la postura mantenida ante la Audiencia de San Sebastián y apoyó dos de los motivos del recurso del ex jefe del Mando único de la Lucha Contraterrorista (MULC), en los que se impugnaba el recurso de la acusación particular, representada por el ex senador de Herri Batasuna Miguel Castells.El fiscal pidió la absolución de Ballesteros, como antes lo había hecho su defensor, por entender que el ex jefe del MULC actuó por estado de necesidad. Según el fiscal, la realidad social de ese momento era de fuerte incidencia del terrorismo, que había vertido mucha sangre. Ballesteros, en ese contexto, tuvo que escoger, según el fiscal, entre dos bienes jurídicos protegidos, el sometimiento de la policía al poder judicial y el prestigio internacional, por un lado, y la vida de los confidentes y la seguridad en la lucha antiterrorista, por otro.
Para el caso de que el tribunal no apreciara la circunstancia del estado de necesidad, el fiscal apoyó también lo manifestado por el abogado de Ballesteros, Julián de Martín, en cuanto a que el ex jefe de la lucha antiterrorista estaba en un error por creer que no tenía obligación de facilitar la identidad de los confidentes. Eso quiere decir que no tenía intención de cometer el delito de denegación de auxilio a la justicia, sino que creía obrar legalmente, por lo que también debe ser absuelto.
El abogado de Ballesteros dijo que éste facilitó a los jueces toda la información de que disponía, salvo la identidad de los confidentes, a los que sólo conocía por una clave o seudónimo. Eran, añadió, ciudadanos franceses que trabajaban fuera del territorio español, al servicio de la policía española, en la lucha contra el terrorismo de ETA.
El acusador, Miguel Castells, pidió que se elevara la pena a 10 años de inhabilitación, por entender que la sentencia no había estimado el grave daño originado al no haberse podido investigar el atentado de Hendaya. Esto lesionó gravemente, a su entender, el prestigio de España en el extranjero al ser una autoridad la que amparaba a los tres presuntos autores del ataque contra el bar Hendayais.
Inmunidad
Castells afirmó que Ballesteros desoyó en ocho ocasiones el llamamiento de los jueces, como consta en la sentencia que le condenó, lo que considera que es muy grave, teniendo en cuenta que el ex jefe del MULC ostenta la condición de abogado.Finalizado el juicio, Castells mostró su preocupación por el peligro que supone que el fiscal hiciera suyos los argumentos de Ballesteros."Eso supone", añadió Castells, "crear una parcela de inmunidad para los confidentes de la policía que puede amparar a presuntos delincuentes alegando estado de necesidad",
Ballesteros señaló: "Yo defiendo al Estado y el señor Castells a Herri Batasuna. No merece la pena polemizar con él". Ballesteros anunció que, si se confirmar la condena, abandonará la policía.
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