El ministerio público se opone a la exigencia del catalán para los maestros de EGB

El ministerio público, en una vista oral celebrada ayer en la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, solicitó la suspensión de la convocatoria del 24 de octubre de 1985 del Departamento de Enseñanza de la Generalitat por estimar que el artículo 30 de esta normativa es inconstitucional. En este apartado se exigía la superación de una prueba de Lengua y Cultura catalanas para poder acceder a una plaza en propiedad en Cataluña. Según el fiscal, no se puede exigir a todos los maestros en Cataluña que conozcan el idioma catalán "puesto que muchos niños se expresan en castellano".Esteban Gómez Rovira, abogado de los 46 maestros recurrentes, solicitó a la sala la suspensión porque el requisito citado fue estimado como inconstitucional en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 1985 referente a una convocatoria anterior. El abogado de la Generalitat apuntó que no se podía admitir a trámite el recurso por haberse interpuesto fuera de plazo.