España solicita la aplicación de la cláusula de salvaguardia para evitar la invasión de acero comunitario
Dos meses después de su ingreso en la Comunidad Europea (CE) España solicitó por vez primera, a las 11.15 de ayer, la aplicación de la cláusula de salvaguardia para frenar la avalancha de productos siderúrgicos comunitarios en el mercado español. La Comisión Europea, que probablemente decidirá mañana qué medidas tomar, parece dispuesta a otorgar la limitación de estas exportaciones de los diez durante el resto de 1986 y, a partir de 1987, aplicar en España el régimen de cuotas de producción que impera en el resto de la CE. Esto sería "abordable", declaró ayer el "satisfecho"ministro de Industria, Joan Majó.
En un gesto hacia España, se fijaron las exportaciones siderúrgicas españolas hacia los diez para 1986 en 850.000 toneladas (frente a las 827.500 toneladas previstas o las 900.000 toneladas que pedía España), es decir, 50.000 toneladas más que en 1985.Majó entregó la demanda española al comisario encargado de Asuntos Industriales, Karl-Heinz Narjes, quien consideró que las circunstancias lo justifican. España pidió el restablecimiento de las licencias de importación (desaparecidas desde el 1 de enero) para como mínimo el resto de 1986, y si es posible dos años más, plazo previsto para llevar a término el plan de reestructuración de la siderurgia española. España pidió, además, que para la limitación de las importaciones de acero proveniente de los diez se tome como base 1983 (958.000 toneladas) y no 1985 (1,4 millones de toneladas), año anormal, ya que se incrementaron las importaciones en el último trimestre. Ante la presión británica, Narjes prometió que se esforzará en encontrar un período de referencia "equitativo" para todos. El Reino Unido exigió también el respeto por España de la triple cláusula, que impide concentrar las exportaciones en el tiempo, en un país o sobre un producto.
Es la Comisión Europea, y no el Consejo de Ministros de la CE, la que decide qué medidas de salvaguardia tomar. Aún no se sabe si las limitaciones se aplicarán sólo a algunos productos o a todo el sector. La Comisión no parece dispuesta a prolongar la situación de excepción que decida más allá de 1986. Según estas informaciones, en los próximos meses la Comisión propondrá, además, integrar a España a partir de 1987 en el régimen de cuotas de produccion y de venta que impera en la siderurgia de los diez. Pero esto implica calcular referencias, repartir los cupos entre todas las empresas españolas y otros problemas. En todo caso, ésta sí sería una decisión que revertiría del Consejo de Ministros de la CE. España quedaría plenamente integrada en el régimen comunitario, régimen que se pretende flexibilizar y liberalizar. Sólo de un 30% a un 35% de la producción siderúrgica de los diez está liberalizada.
Distinto tratamiento
Por el tratado de adhesión, las exportaciones de acero de los diez hacia España quedaban liberalizadas, pero las españolas hacia los diez, contingentadas. España, a cambio, lograba tres años de respiro para completar la reestructuración del sector. La avalancha sobre el mercado español se ha producido al aprovechar los operadores comunitarios el vacío que se creó entre el fin del régimen de licencias y la introducción del régimen de vigilancia estadística, que España no ha podido aplicar a tiempo. La Comisión ha reconocido, como indicó Majó, que hay una crisis grave para el sector español. Las importaciones de estos productos en España han aumentado en un 273%, para los productos sensibles, en enero y los 10 primeros días de febrero, totalizando 261.000 toneladas.La acusación española de que estas ventas se han hecho a precios entre un 20% y un 30% inferiores al baremo comunitario está siendo investigada por la Comisión Europea. Pero ésta es una cuestión separada de la cláusula de salvaguardia. Las rebajas practicadas en los precios son legales en algunos casos. Majó se quejó de la actuación desleal, de las empresas europeas (el problerna viene fundamentalmente de la RFA y Bélgica).
