La presencia de EE UU será revisada al margen del resultado en el referéndum

Tanto si el Gobierno gana como si pierde el referéndum, se deberá revisar de inmediato la presencia militar norteamericana en España. Si gana el sí, España y Estados Unidos deberán "iniciar a lo largo del primer semestre de 1986 negociaciones previas en el proceso que conduzca a la renovación del convenio de amistad, defensa y cooperación, uno de cuyos objetivos será ajustar la presencia militar norteamericana en España al nivel que estimen necesario", según acordaron ambos países el pasado 10 de diciembre.

Si se pierde el referéndum y -como ha prometido- el Gobierno decide abandonar la Alianza Atlántica, también se deberá replantear la presencia militar estadounidense, en virtud del protocolo adicional al convenio hispano-norteamericano de 1982, firmado el 24 de febrero de 1983, ya con el PSOE en el poder.

Ese protocolo afirma que "si España abandonase la Alianza Atlántica sería necesario revisar el convenio según el artículo 6.3". Este artículo del convenio de 1982 reza: "Si el Gobierno español decidiera en el futuro modificar su estatus con respectó a la Alianza Atlántica, los textos pertinentes podrían ser reexaminados por ambas partes".

En cualquier caso, la renovación de los acuerdos deberá producirse antes de julio de 1988, y la costumbre marca, de hecho, que éstos comiéncen a ser renegociados un par de años antes de la llegada de su fecha de caducidad.

Cuando estaba en la oposición, el PSOE se opuso a que el convenio hispano-norteamericano de 1982, negociado por UCD, hiciera referencia a la permanencia de España en la OTAN. Fue por esta razón por la que, una vez llegados al poder, los socialistas incluyeron -de acuerdo con los estadounidenses- un protocolo adicional en el que le insistía en la posible reversibilidad de la entrada en la Alianza Atlántica, que de hecho ya era contemplada en el convenio.

Ministros por la denuncia

Según manifestó el ex ministro español de Asuntos Exteriores Fernando Morán, poco después de su salida del Gobierno, a principios del pasado mes de julio, en el Gabinete socialista había ministros que proponían la denuncia completa del convenio y la apertura de nuevas negociaciones. Sin embargo, triunfó la tesis de añadirle un simple protocolo al convenio de 1982.

El decálogo de Felipe González proponía "proceder a un ajuste en la dirección de una progresiva menor presencia de fuerzas [estadounidenses] en nuestro territorio y de instalaciones de apoyo, de acuerdo con nuestros intereses nacionales".

Estados Unidos mostró sus reticencias a negociar la reducción de sus efectivos en España hasta que se decidiese la permanencia en la OTAN. Desde julio hasta diciembre, Washington fue dando largas al tema y fuentes diplomáticas norteamericanas llegaron a afirmar repetidas veces que España tan siquiera había planteado la reducción.

La confusión se extendió a lo largo del pasado otoño, a pesar de que Felipe González había aceptado -en un viaje a Nueva York y Washington, el pasado mes de septiembre- la premisa de no plantear definitivamente la reducción hasta tener garantizada la permanencia en la OTAN. Finalmente, el pasado 10 de diciembre, los norteamericanos accedieron a aceptar el principio de reducción.

Hasta el momento, el Gobierno español no ha dicho oficialmente en qué medida ni en qué bases sepiensa plantear la reducción "progresiva". Oficiosamente, en cambio, fuentes gubernamentales han reiterado que se pretende la completa españolización de las bases de Torrejón y Zaragoza, por hallarse éstas cercanas a grandes núcleos de población. Según estimaciones del Ministerio de Defensa, la españolización de estas bases implicaría un incremento en los presupuestos anuales del Ejército del Aire de 5.000 millones de pesetas.