El Gobierno acepta informar en el Congreso sobre el referéndum de la OTAN
El Gobierno aceptó ayer la celebración, mañana, de una sesión informativa en el Congreso para dar cuenta de los numerosos interrogantes planteados por el Grupo Popular sobre el referéndum de la OTAN. La presión del Grupo Popular, que había anunciado por la mañana su decisión de pedir un pleno extraordinario, obligó al Gobierno a rectificar por la tarde su decisión de anteayer de no responder a las preguntas qué tenia formuladas este grupo y suspender las sesiones plenarias hasta después del referéndum. La decisión de Ejecutivo fue precedida, durante toda la jornada, por acusaciones al Gobierno desde la derecha de fraude en la consulta.El portavoz del Grupo Popular, Miguel Herrero de Miñón, agradeció ayer por la noche el papel de los medios de comunicación "sin cuyo concurso el Gobierno no hubiera rectificado". "Se ha adoptado una nueva posición porque el tema se ha crispado tanto que el Gobierno quiere dar a la opinión pública la máxima información posible", dijo el presidente del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval. Desde el pasado lunes el Grupo Popular había venido denunciando la decisión del Gobierno de no celebrar sesiones plenarias hasta después de la consulta, así como el veto formal a una interpelación y preguntas de los populares sobre el referéndum.
El presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, compareció anoche ante los informadores para dar cuenta de la decisión unánime de la junta de portavoces, convocada extraordinariamente e interrumpiendo la sesión plenaria que se estaba desarrollando. El viernes, a partir de las cuatro de la tarde, el Gobierno informará fundamentalmente sobre la realización del proceso informático de la noche del 12 de marzo, que dará los resultados provisionales de la consulta, objeto de la interpelación del Grupo Popular.
Asimismo, el Ejecutivo responderá a 12 preguntas que el Grupo Popular ha planteado sobre las líneas básicas del Plan Estratégico Conjunto y la fórmula de colaboración con la OTAN prevista por el Ejecutivo para permanecer en la Alianza Atlántica sin integrarse en su estructura militar.
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