La Inspección de Trabajo exige a La Caixa el pago de 921 millones a la Seguridad Social
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Barcelona ha levantado a la Caja de Pensiones (La Caixa) un acta de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por valor de 921 millones de pesetas, correspondientes a 1,5 millones de horas extraordinarias no declaradas ni pagadas a los empleados, y realizadas entre 1980 y 1983. Fuentes de La Caixa anunciaron que impugnarán el acta y presentarán alegaciones en los próximos días.
El inspector actuante, Eladio de Miguel, ha propuesto además el levantamiento de otras dos actas de infracción y obstrucción a su labor, por faltas muy graves, con una multa de 30 millones de pesetas, al no habérsele facilitado la documentación necesaria para la tarea de inspección, que se ha prolongado más de un año, tras una denuncia interpuesta por el comité de empresa.El contencioso seguido entre el comité formado por UGT, CC OO, SEC y SECPV, y la dirección de La Caixa, se inició hace varios años, como consecuencia de la realización de un exceso de jornada de varias horas diarias por la mayor parte de la plantilla en la casi totalidad de las oficinas de la entidad (5.957 empleados en 1983).
Tales horas, por otro lado, tampoco fueron abonadas a los empleados a partir de 1979. En ese año La Caixa declaró la realización de 200.000 horas, que se redujeron al año siguiente a unas 2.500 horas. La dirección declaró que se abolió entonces la realización de horas extras.
Eladio de Miguel, inspector de Trabajo especial para la entidad, se brindó a buscar de manera negociada un sistema futuro de control horario.
La negativa de la dirección de La Caixa a facilitar los listados de ordenador al inspector "por imposibilidad material" originó una denuncia de éste al juzgado de guardia y la apertura de diligencias penales previas por presunta obstrucción a la inspección. Ante el nuevo requerimiento del juzgado de instrucción 19 de Barcelona, la entidad entregó 29 cintas de ordenador conteniendo en lenguaje informático los datos solicitados.
Matización de la entidad
De Miguel fue nombrado depositario judicial de las cintas y durante seis meses ha procesado de forma minuciosa, con ayuda de un ordenador, los datos, hasta alcanzar un número de 2.500 listados, de los que se deduce la realización de 1.518.964 horas extraordinarias no declaradas.Las horas extras que se desprende de los datos de la Administración fueron realizadas son: 117.942 en 1980, 327.680 en 1981, 582.317 en 1982 y 491.025 en 1983. Se trata de la primera acta elaborada por la Inspección con medios informáticos.
Según el informe, el cobro de las horas extraordinarias por los empleados -cuya reclamación ha prescrito- se hubiera elevado a 2.500 millones más.
Joan Tapia, responsable del departamento de información de la entidad, manifestó ayer que no se trata de actas firmes y que se han calculado de forma sólo estimativa. La entidad presentará alegaciones en su descargo. El portavoz añadió que las horas extraordinarias no se han realizado, puesto que el control de ordenador era de libre utilización por los empleados y no conllevaba un control estricto. Insistió en que los empleados nunca han reclamado el cobro de las horas extraordinarias y que ello prueba que en realidad no se efectuaban.
El comité de empresa de la entidad declaró que siempre se ha intentado negociar el horario. Tanto UGT como CC OO insistieron en que el problema continúa en la actualidad. Los sindicatos señalaron que su denuncia ha repercutido en represalias sindicales y alegaron la responsabilidad del consejo de administración por dejación de funciones en materia laboral, al haber delegado en julio pasado al director general, Josep Vilarasau, estas funciones.
