Denuncia contra el Gobierno regional por los retrasos en las subvenciones para menores tutelados

Enrique Martínez Reguera, psicólogo, miembro del Colectivo Promesa, entidad privada sin fines de lucro dedicada a la atención de menores difíciles o con problemas familiares, ha presentado una denuncia cada día, desde el miércoles de la semana pasada, contra el director general de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, Joaquín Guillén, a quien responsabiliza del retraso en el pago de la subvención para la subsistencia de los menores. Martínez Reguera denuncia el deterioro que ha sufrido la asistencia a los menores en toda España.

Enrique Martínez Reguera reconoció que las denuncias presentadas son, fundamentalmente una forma de sacar a la luz pública la deteriorada situación creada en torno a los menores que, en su opinión, se encuentran hoy más desprotegidos que nunca, "precisamente ahora, bajo un Gobierno socialista", según un escrito enviado a Joaquín Leguina el 3 de febrero.En Madrid, y en toda España existen una serie de entidades privadas sin ánimo de lucro, como el colectivo Promesa o Mensajeros de la Paz, que colaboran con la Administración en la atención de menores con problemas familiares y que a menudo están considerados como peligrosos. La primera de las situaciones que se denuncia es precisamente la discriminación de las subvenciones: mientras los menores atendidos directamente por la Administración en centros de internado reciben una asignación de entre 4.000 y 5.000 pesetas diarias, más cantidades fijas trimestrales para ropa y otras necesidades, los acogidos a la tutela de estas entidades o de personas privadas, como es el caso del sacerdote Enrique de Castro, reciben 600 pesetas diarias, "cantidad tan insuficiente que no hace falta ni comentarla", dice Martínez Reguera.

Las asignaciones, según las fuentes citadas, se han cobrado siempre con retraso, pero la situación se ha agudizado en Madrid en los últimos meses, desde que las competencias en este campo fueron transferidas a la Comunidad. "No hemos recibido ninguna cantidad desde septiembre", dice Martínez Reguera.

Enrique de Castro y Enrique Martínez Reguera hicieron hincapié en que esta desatención es sólo un síntoma más de la degradación de la asistencia al menor que se viene produciendo en España. La Administración, según afirmaron, ha emprendido una política presuntamente progresista pero que se revela como antisocial para los menores con problemas. "La política actual de sacar a los menores de los internados-guetos nos parece muy positiva, siempre que se les ofrezca una alternativa beneficiosa. Los menores deben estar en primer lugar con sus familias, luego en una casa-hogar y sólo en último extremo en un internado. Pero nos encontramos con que las asignaciones llegan tarde y son insuficientes, y no se han puesto los medios para supervisar los cuidados que estos menores reciben en sus casas. Conocemos casos de familias que se gastan la asignación en sus vicios particulares, mientras los supuestos menores protegidos están en la calle, a su aire".

Para los denunciantes de esta situación, lo que la Administración ha hecho realmente es quitarse el problema de encima. Se echa a los chicos a la calle y a los declarados peligrosos se les encierra en los internados. La nueva ley del menor, ya redactada pero aún no vigente, establece incluso penas de prisión para menores de 15 años y es, en opinión de los citados, la pieza que culmina la nueva política represiva adoptada por el Estado.

500 protegidos

Tan sólo en Madrid, existen 500 menores adscritos a la tutela de 19 entidades privadas altruistas, según datos de la Dirección General de Bienestar Social. Su titular, Joaquín Guillén, reconoció la existencia de dificultades, pero negó que ese hecho pudiera interpretarse como un desinterés de la Administración por el menor: "Las dificultades han surgido porque la dirección general, al hacerse cargo de las nuevas competencias, tuvo que revisar primero los casos a nuestro cargo, para conocer la situación real de cada uno. Los retrasos se han producido siempre, por la propia tramitación de los pagos, que ahora se hacen a mes vencido y deben ser comprobados y enviados a intervención para que se autoricen. A partir de marzo haremos lo contrario, pagar la asignación a principios de mes, y luego cotejar los gastos al final"."Atendemos las denuncias que se nos presentan", añadió Guillén, "y hacemos lo posible por seguir todos los casos. La Comunidad ha destinado este año 480 millones a la atención de colectivos marginados".

La Dirección General de Bienestar Social emitió ayer una nota oficial en la que señala que el Colectivo Promesa "se mostró reticente al control" que el servicio regional establece para tener una relación actualizada de los menores. La demora en los pagos se debe a "los lógicos trámites administrativos", según la misma nota, que niega que se haya producido una retención de fondos públicos.