Orientaciones eclesiales
LA SECRETARIA de la Conferencia Episcopal Española hizo público ayer el documento Actitudes éticas ante el referéndum, que expone las recomendaciones dirigidas por la jerarquía a "las conciencias de los cristianos y de la opinión pública en general" para orientar su voto en la próxima consulta sobre la permanencia de España en la OTAN. La moraleja final es imprecisa, ambigua y permisiva: "Los cristianos han de actuar en este caso con la responsabilidad que exige la consulta y con la libertad que les corresponde en materias opinables", sin más precisiones que la búsqueda de la máxima coherencia "con los principios de la moral católica, con la mejor información posible y la necesaria reflexión personal". Una posición teóricamente homologable, en el ámbito político, a la adoptada por el PNV y CiU, partidos altamente sensibles a los vientos que corren por la Iglesia. Sin embargo, el lenguaje eclesiástico se ha formado durante siglos en una escuela de matices, claroscuros e insinuaciones. Y salvo aclaraciones posteriores de la Conferencia Episcopal, el documento parece un torpedo dirigido contra la santabárbara del Gobierno, pues es casi una velada exhortación a la abstención predicada por Coalición Popular, en la que se integra el partido democristiano PDP.En vísperas de otras consultas políticas -tales como el referéndum franquista de 1966 sobre la ley orgánica del Estado, el referéndum sobre la actual Constitución de 1978 o las elecciones generales democráticas (mayo de 1977 y septiembre de 1982)- la Conferencia Episcopal Española hizo públicos sus criterios y sus recomendaciones a la opinión pública. Esa voz pastoral se echó en falta, en cambio, durante la interminable noche del 23 de febrero de 1981, cuando la Conferencia Episcopal se hallaba reunida en Madrid y los militares sediciosos ocupaban belicosamente el Congreso de los Diputados: no hubo una voz valerosa proveniente de la Iglesia en defensa de las libertades públicas, de la Constitución y la democracia. En esta ocasión, la jerarquía ejerce su derecho a manifestar su parecer sobre una pregunta que concierne a sus fieles, en tanto que ciudadanos, y cuya respuesta implica cuestiones de conciencia. En este sentido, la Conferencia no sólo ejerce una facultad, sino que señala el camino para que otras instancias sociales se pronuncien sobre la materia y enriquezcan el panorama de la discusión general, incluso si esa discusión afecta al papel de la Iglesia en ese panorama.
¿Ha contribuido la jerarquía elesiástica con su documento a una clarificación sobre el referéndum? Definitivamente no. La Conferencia proclama su decisión de no pronunciarse sobre la oportunidad de la consulta y sobre "los elementos técnicos de su celebración", pero luego decide meterse en harina y someter a severo juicio el planteamiento y las condiciones del referéndum. Invocando "las exigencias éticas", la garantía de "los derechos de los ciudadanos", la superioridad de "los verdaderos intereses nacionales" sobre los intereses de partido y la necesidad de una "suficiente información", que permita votar con conocimiento de causa, el documento realiza una dura crítica de los "elementos técnicos" de la consulta y señala sus "deficiencias" y "aspectos preocupantes". En su derecho está. Pero si ya es bastante pesado que todos los partidos -y significadamente el socialista- enarbolen el bien de España como argumentación de sus particulares posturas, más resulta aún que la Iglesia pretenda arrogarse la definición de ese interés nacional. El patriotismo, el bien común y el interés de todos no es patrimonio absolutamente de ninguno.
La Conferencia Episcopal considera que la pregunta es compleja y, en consecuencia, obliga a responder con un sí o con un no a cuatro cuestiones distintas. Además, dice, ni aun disponiendo de una buena información sería fácil que "el pueblo alcance un conocimiento suficiente de las consecuencias económicas, políticas y militares de las distintas posibilidades en juego". Esas críticas no tienen un alcance simplemente técnico, sino que claramente critican la conveniencia de que los ciudadanos sean convocados a las urnas para responder a una pregunta relacionada con las alianzas militares de España. El documento también señala que "hasta el momento, no se ve tampoco con claridad cuál va a ser el valor concedido a los resultados del referéndum". Sigue luego la denuncia de que "la consulta se está transformando en una confrontación política de partidos, con las consiguientes ambigüedades y perplejidades para el votante", lo que implica una "verdadera manipulación política" de los ciudadanos. No discutimos lo acertado de esa descripción de nuestro actual panorama político, pero faltan en él, precisamente, algunas concreciones. Y, entre todas ellas, el desplazamiento hacia el voto adverso a la permanencia de España en la OTAN de grupos políticos y fuerzas sociales que hasta hace pocas semanas juraban por la Alianza Atlántica y que son claramente otanistas. ¿No merecía un juicio moral esa actitud política de los partidos confesionalmente católicos?
¿Qué decir del fondo de la cuestión? De una parte, "en virtud de¡ Evangelio de Jesucristo y de la doctrina de la Iglesia", los católicos deben "apostar seriamente por la paz". Ahora bien, en un mundo apresado para la guerra "no son iguales todas las opciones". Y será necesario apoyar "las soluciones que más favorezcan una paz verdadera". "Paz verdadera" que debe basarse, según un razonamiento también esperable, "en el respeto a los derechos humanos y de los pueblos, en el diálogo y la solidaridad internacional", antes que "en la división de bloques enfrentados en la carrera armamentista". ¿Serán, entonces, los obispos españoles adversarios de la existencia de la OTAN y de la permanencia de España en su organización? La magistral escuela eclesiástica responde que "hay que tener también en cuenta, con ponderación y realismo, las necesidades de una justa defensa nacional, así como la de la Europa a la que pertenecemos". Si bien las armas nucleares hacen muy dificil "el cumplimiento de las condiciones morales", que permiten hablar de "guerra justa", también es cierto que "los pueblos tienen derecho a defender su soberanía y su territorio en caso de agresión o amenaza". ¿Serán, entonces, los obispos españoles partidarios de la OTAN y de la permanencia de España en su organización?
Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. Dicho textualmente por ellos: "Ninguna de las decisiones posibles puede presentarse legítimamente como la única compatible con la conciencia cristiana". Con lo que la jerarquía podrá convivir cómodamente con cualquier actitud y con cualquier resultado y puede sentirse públicamente no responsable de absolutamente nada de lo que pase.
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