El debate sobre la reforma agraria termino en intercambio de insultos entre la Junta de Andalucía y Alianza Popular

Un intercambio de insultos entre el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Angel López, y el presidente regional de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, puso fin en la medianoche del martes al tenso debate celebrado en la Comisión de Agricultura del Parlamento andaluz sobre la paralización de la reforma agraria, merced a dos sentencias de la Audiencia Territorial de Sevilla contrarias a la normativa dictada por el Gobierno regional. López, el consejero de Agricultura, Miguel Manaute y el propio presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla, descalificaron tajantemente la actuación de la oposición, que contestó con la misma actitud.Terminando el debate, Hernández Mancha afirmó que no tenía justificación posible la decisión de la Junta de Andalucía de no someter a consulta del Consejo de Estado el reglamento de la reforma agraria, causa por la que la audiencia lo declaró nulo, ya que tal consulta es obligatoria cuando una norma autonómica desarrolla legislación estatal. Ángel López rechazaba este razonamiento, que ya habían expuesto otros grupos de la oposición, afirmando que el reglamento en cuestión sólo desarrolla una ley regional, aunque se remita a leyes estatales, ya que, naturalmente, todo es un mismo cuerpo jurídico.

En ese momento el presidente regional de AP afirmó que "el fiel López" trataba de dar forma jurídica a los grandes errores de la Junta, haciendo el papel de Wichinski. Este último fue un jurista que trató de justificar jurídicamente los crímenes de Stalin en la URSS. La contestación del consejero no fue menos dura, ya que afirmó que Hernández Mancha había hablado con su "habitual desvergüenza fascista". López retiraría después la palabra "desvergüenza", pero no la de "fascista" mientras Hernández Mancha, al no conseguir replicar inmediatamente, abandonó la sala. En su ausencia, el también aliancista José Ramón del Río devolvió el calificativo de fascista al mismo consejero.

La sesión había estado precedida de declaraciones a la prensa igualmente fuertes por ambas partes, pues mientras AP acusaba al PSOE de presionar a los jueces para evitar una sentencia adversa del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la ley de Reforma Agraria, los socialistas afirmaban que AP utiliza a los tribunales para torpedear la reforma.