Industria propone a Iberduero modificar la situación de Lemóniz e instruye a amortizarla en siete años con cargo a reservas

El Ministerio de Industria y Energía ha propuesto modificar el status legal de moratoria en que se encontraba la central nuclear de Lémóniz y tiene intención de proceder a su amortización definitiva. El Plan de concertación a cuatro años, presentado el jueves por el titular del departamento, Joan Majó, a los presidentes de las empresas, establece que Iberduero proceda, en siete años, a la amortización de las inversiones realizadas con cargo a sus reservas. El sector estudió el viernes pasado el que contiene las líneas generales del plan y, según las fuentes consultadas, la reacción inicial al mismo, aunque cauta, no es tan optimista ni receptiva como sugirió Majó.

Industria tiene previsto entregar esta próxima semana a los presidentes de las empresas un documento mucho más extenso de los tres folios y medio que contienen las líneas generales. Hasta que ese documento no se materialice, las empresas se han mostrado excesivamente cautas en sus comentarios, aunque algún presidente interpreta que el programa de saneamiento, en una primera mirada, da un paso adelante "no previsto y arriesgado" en los compromisos que fueron negociados y establecidos en el famoso Protocolo de mayyo de 1983.Atribuidas a Carmen Mestre, directora general de la Energía, las líneas generales del plan se extienden en tres capítulos, incluyendo siete puntos los dos primeros y cinco apartados adicionales el tercero. Quizá los dos puntos que han levantado más preocupación-, según sean las empresas afectadas, son los 4 y 5 del capítulo denominado "Acciones y compromisos a realizar por parte de las empresas", que hacen mención al saneamiento contable y a la política de retribución del capital.

En la cuestión del saneamiento, el plan establece que "se eliminarán con cargo a reservas los ajustes, salvedades y excepciones destacados por las auditorías en los exámenes del ejercicio de 1984. AsisrÉismo se amortizarán en un plazo de siete años con cargo a reservas, los activos correspondientes a las centrales nucleares excluidas del PEN (con la excepción de Valdecaballeros I).

En términos jurídico-económicos, fuentes solventes interpretan que esto supone el inicio de un proceso de amortización de las inversiones realizadas en cuatro de las cinco centrales afectadas por la moratoria nuclear, fundamentalmente los dos grupos de Lemóníz y Valdecaballeros II. En el otro grupo afectado, Trillo II, apenas se ha pasado del proyecto mientras que Valdecaballeros I queda excluido del nuevo plan. Para Iberduero, esto supone la imposibilidad de activar indefinidamente las inversiones y cargas no cubiertas por el fondo especial de financiación de la moratoria nuclear.

En la cuestión de "política de retribución del capital", el plan preve el establecimiento voluntario de "una limitación en la distribución de dividendos en función de los resultados de la explotación". Esta limitación será, sin embargo, muy relativa ya que el propio programa preve que "si por necesidades de captación de nuevos recursos, los dividendos debieran exceder a los beneficios contables, se procederá a un saneamiento con cargo a reservas de dicha operación".

En otras palabras, las empresas quedan en libertad para fijar libremente sus dividendos, aunque se les sugiere que la adapten en función de los resultados del ejercicio. Pero como la limitación de dividendos podría entrar en contradicción con otros objetivos del plan en el sentido de reducir costes en el endeudamiento, por la vía de captación de dinero en bolsa, los autores del programa se curan en salud y permiten, aparentemente, una mayor libertad, siempre que esta libertad se pague con reservas.

Política de tarifas

Asismismo, el punto segundo del tercer apartado, referente a la política tarifaria, plantea serios interrogantes que, a juicio de alguna empresa, no fueron despejados completamente en la entrevista mantenida con el ministro Majó. Este punto segrega un denominado "diferencial de ingresos por aumento de tarifas" que, según las interpretaciones ofrecidas, queda al arbitrio de la Administración su distribución a las empresas.

El propio Majó aventuró, en sus declaraciones al término de la entrevista con los presidentes, que deseaba que la nueva política tarifaria entrara en vigor en este año, ya que su intención era que el expediente de aumento de tarifas para 1986 llegara al Gobierno junto al nuevo plan de sanearniento. Fuentes oficiosas indican que del 8% de aumento de tarifas que está previsto para este año, aproximadamente la mitad de destinará a un nuevo fondo que será distribuido, presumiblemente por la Administración, "en función del cumplimiento por parte de las empresas de los compromisos contables y financieros contemplados anteriormente".

Este punto particular fue ayer mirado con lupa por algunas empresas que, según sus interpretaciones, supone el "mayor ejemplo del intervencionismo" de la actual Administración. En cualquier caso, este nuevo fondo por crear supone uno de los puntos más llamativos del nuevo plan de saneamiento, ya que permitirá que las empresas en situación menos ventajosa utilicen recursos adicionales para reducir endeudamiento y recuperar un equilibrio que perdieron por las inversiones realizadas en años anteriores.

Otros puntos destacados del plan incluyen la apertura de un proceso de intercambio de mercados a "materializar en los próximos seis meses", con el fin de optimizar los costes de distribución. El apartado sobre mejora en la gestión de las centrales nucleares también ha provocado sorpresas por entenderse, en algunos medios, que podría dar pie a un mayor intervención administrativa. El plan prevé también el mantenimiento de la política fiscal favorable a las inversiones.