UGT denuncia al juez que expulsó a unos filipinos

El secretario del sector de Marina Mercante de UGT, Luis María Franco, ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que denuncia la actuación del Juez de instrucción número 11 de Barcelona, Luis Brualla Santos Funcia, con unos marineros filipinos. Igualmente, ha anunciado su intención de formular querella de antejuicio contra el magistrado por presunto delito de prevaricación (dictar resolución injusta).Los hechos a que se refiere la denuncia y que constan en el escrito presentado ante el CGPJ se iniciaron el 9 de diciembre de 1985, cuando el barco Tai Chee, de bandera liberiana, arribó al puerto de Barcelona. La tripulación, de nacionalidad filipina, solicitó asesoramiento jurídico al sindicato UGT, ya que se le adeudaban más de tres meses de salario y sus contratos laborales establecían cláusulas que contravenían el derecho laboral nacional e internacional.

Los 18 tripulantes del Tái Chee suscribieron una declaración de huelga que fue notificada a las autoridades de Marina de Barcelona.

El 12 de diciembre de 1985, por la noche, el capitán del barco acudió al juzgado de guardia, que correspondía al número 11 de instrucción de Barcelona, y presentó una denuncia contra los 18 tripulantes por delito de sedición.

En la denuncia se señalaba que los tripulantes habían intentado agredir al capitán y que en el barco había una situación de motín, mientras que, según el escrito presentado al CGPJ, los marineros estaban durmiendo

A raíz de la denuncia, y sin que el juez acudiera al buque ni tomara declaración a la tripulación, dictó auto de expulsión y a las cuatro de la madrugada siguiente ordenó a la policía que detuviera a los marineros y los trasladara al aeropuerto, desde donde fueron enviados a su país de origen, Filipinas.

Según afirma UGT, el auto de expulsión dictado por el juez infringió el artículo 24 de la Constitución, que reconoce los derechos a la tutela efectiva de jueces y tribunales, a la seguridad jurídica y a la defensa, y el artículo 13 del mismo texto legal, que recoge el derecho de los extranjeros a gozar en España de diversos derechos, entre los que figura el de huelga.

El asunto podría ser aún más grave, indica UGT, ya que los tripulantes han llegado a su país acusados de un delito que no han cometido y que puede ser castigado hasta con la pena de muerte.