El Gobierno acordó la supresión de todas las tasas judiciales

El Consejo de Ministros acordó ayer la supresión de todas las tasas judiciales, lo que fue calificado por el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Gabinete, como "un paso trascendental", ya que, con esta decisión, "la administración de justicia adquiere carácter gratuito para los ciudadanos, que no tendrán que pagar al Estado por litigar en los tribunales". El Gobierno aprobó asimismo la revalorización de las pensiones de las denominadas clases pasivas, cuyo coste aproximado es de unos 23.356 millones de pesetas.

El Gabinete nombró como magistrados del Tribunal Constitucional a Miguel Rodríguez Piñero y Luis María López Guerra, en sustitución de Joaquín Arozamena y Rafael Gómez Ferrer, designados por el anterior Gobierno y cuyo mandato expira este mes. Rodríguez Piñero es catedrático de Derecho del Trabajo en la universidad de Sevilla, miembro de la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y presidente de la comisión consultiva nacional de convenios colectivos. Doctorado con premio extraordinario en Derecho, ha sido vicedecano de la facultad de Ciencias Económicas y decano de la facultad de Derecho en la universidad de Sevilla. Entre sus alumnos tuvo al actual presidente del Gobierno, Felipe González.López Guerra es catedrático de Derecho Político en la universidad de Extremadura, letrado del Tribunal Constitucional y miembro de la Junta Electoral Central. Doctor en Derecho por la universidad Complutense y en Ciencias Políticas por la universidad de Michigan (EE UU), ha impartido clases en centros universitarios norteamericanos y en el Colegio Universitario Europeo de Florencia.

Impuesto 'regresivo'

En la presentación del proyecto de ley de supresión de las tasas judiciales, el ministro de Justicia, Fernando Ledesma, opinó que dichas tasas constituían un impuesto "regresivo", ya que incidían "con mayor intensidad en el coste de los procesos de pequeña cuantía", que, por lo general, son promovidos por personas de escasos recursos económicos. Ledesma puso esta decisión del Gobierno en relación con el incremento de la subvención de los turnos de oficio de abogados y procuradores y la asistencia letrada al detenido.El ministro de Justicia calculé que el Estado dejará de ingresar unos 6.000 millones de pesetas por la desaparición de las tasas -por lo que la financiación de los trámites procesales correrá a cargo de los presupuestos generales del Estado- y anunció que los funcionarios dedicados hasta ahora a la recaudación de estos impuestos pasarán a desempeñar funciones estrictamente relacionadas con los procesos, lo que, a su juicio, agilizará la administración de justicia. El presidente del Consejo General de la abogacía, Antonio Pedrol, manifestó por su parte que el proyecto de ley del Gobierno "beneficiará el acceso de los justiciables a la tutela judicial prometida y garantizada por nuestra Constitución".

Fernando Ledesma anunció, asimismo, la designación de cuatro nuevos fiscales: Fernando Jiménez Lablanca para la Audiencia Territorial de Madrid; Francisco Jiménez Villarejo, hermano del fiscal general de la lucha contra la droga, para la Audiencia Provincial de Málaga; Eladio Escusol para el Tribunal Supremo, y Fernando Alamillo como fiscal de sala del Tribunal Supremo (más información en página 25).

El Consejo de Ministros aprobó un real decreto en el que se desarrollan las normas para la revalorización de las pensiones de las clases pasivas. Entre las excepciones de la aplicación del incremento del 8% previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1986 se encuentran las de quienes hayan cobrado en 1985 una pensión de 187.950 pesetas al mes, que verán congeladas sus percepciones, así como los militares de la República incorporados después del 18 de julio de 1936 y cuya pensión no supere el mínimo establecido por la Seguridad Social. En estos casos, el aumento será del 12% cuando se trate de personas con cónyuge a su cargo.

El coste estimado de la revalorización es de 23.556 millones de pesetas, y el de la aplicación de los complementos económicos, regulados en el mismo real decreto, es de 1.583 millones de pesetas.

El incremento del 8% se aplicará, según el Ministerio de Economía y Hacienda, a la cuantía alcanzada por las pensiones al 31 de diciembre de 1985.

El Gobierno designó a Pedro López Aguirrebengoa como embajador en Israel y concedió el plácet a Samuel Hadas como embajador de Israel en España. Miguel Ángel del Valle y Bolaño, hasta ahora director general de Aduanas e Impuestos Especiales, fue designado delegado del Gobierno en Tabacalera.

Más información en páginas 25 y 46