Un texto breve y con muchas remisiones

La proposición de ley sobre regulación de las atribuciones profesionales de los arquitectos e ingenieros técnicos presentada por el Grupo Socialista del Congreso define en su artículo primero que estos profesionales, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio de la profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica.Para saber cuáles son las especialidades -39 en total- se remite a un decreto de 1969 en el que se definen éstas. Sin embargo, la proposición de ley, que consta de cuatro artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales, autoriza al Gobierno para modificar estas especialidades.

Los ingenieros técnicos podrán, de acuerdo con el nuevo texto, y dentro de su respectiva especialidad, elaborar proyectos que tengan por objeto la construcción, reformas, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles e inmuebles en sus respectivos casos; también podrán dirigir las actividades objeto del proyecto, realización de mediciones y otros trabajos análogos, elejercicio de la docencia y la dirección de toda clase de industrias y explotaciones, entre otras.

Los arquitectos técnicos tendrán estas mismas atribuciones en relación con su especialidad de ejecución de obras, con sujeción a las prescripciones de la legislación del sector de la edificación". Los ingenieros técnicos de Obras Públicas tendrán las atribuciones profesionales descritas "con sujeción en cada caso a las prescripciones de la legislación reguladora de Obras Públicas".

En el tercer artículo de la proposición de ley se dice explícita mente que las atribuciones se ajustarán a las exigencias derivadas de las directivas de la CE.

En una de las disposiciones finales se dice que el Gobierno modificará las especialidades en atención a las necesidades del mercado, a las variaciones de los planes de estudio y a las directivas de la CE. La proposición compromete también al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley de ordenación de la edificación en el que se regularán las intervenciones profesionales de los técnicos y de los demás agentes que intervienen en el proceso de la edificación, así como a que regule las intervenciones de los ingenieros técnicos de Obras Públicas referidas a puertos, carreteras y costas, entre otras materias.