El Gobierno español rechaza una petición de asilo para Duvalier, su familia y 50 personas del séquito

España, Grecia y Suiza rechazaron ayer la petición de asilo formulada por el presidente vitalicio de Haití, Jean-Claude Duvalier. El portavoz de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Inocencio Arias, señaló que la petición al Gobierno español de asilo para Duvalier había sido presentada en una de las embajadas de España en Europa. El Gobierno griego también rechazó ayer la petición que había sido solicitada la semana pasada en la Embajada de Grecia en Venezuela.

Una versión del periódico de izquierda griego Ethnos (Nación) señalaba que la misma petición había sido formulada por Jean-Claude Duvalier a Argentina -pero el Gobierno de Buenos Aires lo desmintió en la tarde de ayer- e Italia, precisando que Duvalier se dispone actualmente a presentar la misma petición a Arabia Saudí. El Consejo Federal (Gobierno) suizo anunció, mediante su vicecanciller, Achille Casanova, que la petición de asilo había sido formulada para Duvalier, su familia y un séquito de 50 personas.Por su parte, el Gobierno de Haití desmintió ayer estas noticias, que el ministro haitiano de Información y Relaciones Públicas, Adrien Raymond, calificó de "completamente peregrinas".

El viernes pasado, la Casa Blanca anunció, y después rectificó, que Duvalier había sido derrocado y había abandonado el país. Pocas horas después, funcionarios del Departamento de Estado confirmaron que el presidente vitalicio de Haití permanecía en su puesto.

Por otra parte, el orden público parece restablecido en el país, pero casi todas las tiendas cierran sus puertas al mediodía, lo que ha obligado al Gobierno a anunciar duras sanciones contra los comerciantes que no se ajusten a los horarios de apertura.

El conflicto en Haití -donde han muerto más de 50 personas en los recientes disturbios- evoluciona de un enfrentamiento en las calles a una prueba de fuerza entre comerciantes y Gobierno, informa desde Puerto Príncipe nuestro enviado especial, José Comas.

Entre las amenazas anónimas para que cierren y las del Gobierno para que abran, los comerciantes han quedado entre dos fuegos. La solución salomónica que habían tomado era una apertura vergonzante, a primeras horas de la mañana, y echar el cierre al mediodía.

El Gobierno publicó ayer una nota de los ministerios de Industria y Comercio y del Interior y Defensa Nacional que recuerda las estipulaciones del decreto de 15 de junio de 1957.

Los ministerios afirman que están tomadas las medidas de seguridad necesarias y "cuentan con la voluntad de los hombres de negocios de resistir al chantaje antipatriótico".

Penas de cárcel

El decreto de 15 de junio de 1957, de los tiempos iniciales del duvalierismo, impone la obligación de abrir a horas laborables, salvo autorización por fuerza mayor. A los comerciantes que no respeten la orden de apertura les amenazan penas de cárcel de tres a seis meses y multas de 500 a 5.000 gurdas (15.000 a 150.000 pesetas).Los procedimientos judiciales previstos son sumarísimos. En 24 horas los presuntos culpables deberán comparecer ante el juez y los condenados no podrán beneficiarse de la libertad condicional. También prevé el decreto penas de uno a tres meses y multa de 50 a 500 gurdas (1.500 a 15.000 pesetas) contra aquellos que participen en una huelga ilegal.