Una decisión larga y agónica

"Solamente un terremoto, un seísmo, cambiaría la actual actitud de los españoles contraria a la OTAN", decía, a comienzos de mayo de 1983, el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. Menos de tres años después, el seísmo parece haberse producido, al menos por lo que al vicepresidente respecta: ayer, el propio Guerra mostraba su absoluta convicción en que el Gobierno ganará el referéndum, en que será favorable a la permanencia del país en la Alianza Atlántica.Un largo, doloroso, período de "reconversión y ajuste", en palabras de un dirigente socialista, ha sido preciso para llegar a la convocatoria de este referéndum.

No es sino en torno a la primavera de 1983 cuando comienza a apreciarse el cambio de orientación en la política socialista hacia la Alianza Atlántica. Todavía en junio de aquel año, el presidente Felipe González aseguraba a sus parlamentarios que el Gobierno sería "neutral" en relación con el referéndum prometido en el programa electoral.

Un año después, en junio de 1984, la calculada ambigüedad de González ya proclamaba que el Gobierno no era partidario "ni del neutralismo ni de la plena integración militar" en la Alianza.

Se completa el giro

En octubre, dos meses antes de la celebración del 309 congreso del PSOE, que iba a decantar definitivamente las cosas, el giro de Felipe González se había completado. Pero las bases socialistas se mostraban levantiscas y la opinión pública parecía sensiblemente influenciada por la anterior campaña antiatlantista llevada a cabo por los socialistas.En tales condiciones, el seísmo que, según Guerra, se haría necesario para cambiar la actitud de los españoles parecía difícil de lograr. Algunas voces surgieron dentro del PSOE, pública y privadamente, recomendando el olvido de la celebración del referéndum y la anticipación de las elecciones generales.

Pero, en el debate sobre el estado de la nación, de octubre de 1984, González proclamó su decálogo sobre seguridad exterior y fijó para febrero de 1986 la fecha en la que la consulta popular debía tener efecto.

Desde entonces, todo han sido incertidumbres, presiones de la oposición (y no sólo) contra el referéndum e imprecisiones legales -muy pocos parecían conocer a fondo la Ley Orgánica del Referéndum

Aplazamientos varios

Los varios aplazamientos del prometido debate parlamentario sobre seguridad exterior ilustran perfectamente el clima vivido dentro del Gabinete, varios de cuyos integrantes se mostraron más de una vez -siempre en privado- contrarios a una consulta popular que parecía "peligrosa" y "sin sentido".'La alarma de quienes, desde fuera del Gobierno, se mostraban favorables a la celebración del referéndum fue creciendo desde que el prometido debate sobre política y seguridad exterior no se celebró como estaba previsto en abril del pasado año.

Al mismo tiempo, crecía el contento de la oposición conservadora y la centrista, que veían cómo parecían cumplirse sus profecías en el sentido de que la consulta popular no iba, finalmente, a celebrarse. ¿Cabía mejor prueba que el aplazamiento del debate parlamentario, ligado, de alguna manera entonces todavía imprecisa, a la convocatoria del referéndum en una fecha precisa?

El debate se pospuso en cuatro ocasiones, la última de ellas en noviembre: el secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero, pidió otro aplazamiento, esta vez hasta febrero. Felipe González justificó el retraso por "problemas de calendario" y citó, además de la gran actividad del Parlamento, sus próximos viajes a Luxemburgo y Bruselas.

Por su parte, el conjunto de las fuerzas parlamentarias de oposición criticó la decisión de aplazar el debate sobre seguridad y política exterior.

El rumor de la crisis autonómica

Paralelamente, se difundía el rumor de que algunos altos cargos socialistas barajaban la posibilidad de evitar la celebración del referéndum provocando una crisis en alguna comunidad autónoma. Así, la consiguiente celebración de elecciones en esa comunidad evitaría la consulta sobre la OTAN, en virtud de las disposiciones legales, que prohíben que un referéndum se realice a menos de tres meses de distancia de unas elecciones.Pero, finalmente, se estableció para el 4 de febrero de 1986 la celebración de una sesión parlamentaria única para el debate de política exterior y la autorización parlamentaria de la convocatoria del referéndum sobre la Organización del Tratado del Atlántico Norte.