Aumentan las críticas a Thatcher por el 'caso Westland'

El asunto Westland, que ya ha provocado la dimisión de un miembro del Gobierno de Margaret Thatcher -el secretario de Defensa, Michael Heseltine-, demostró ayer que puede convertirse en el hueso político más duro de roer de la actual Administración británica cuando la oposición en pleno aprovechó una declaración de la líder conservadora sobre la actuación de uno de sus ministros en el caso para pedir el caso del Gabinete en pleno.

La Cámara de los Comunes estaba a tope, esperando una declaración de la primera ministra sobre la actuación del secretario de Estado para Industria y Comercio (ministro en la jerarquía administrativa española), Leon Brittan, en torno a una filtración, aparentemente hecha por su departamento, que perjudicaba al secretario de Defensa, Michael Heseltine, en su postura sobre la fábrica de helicópteros Westland. Thatcher reconoció ayer ante la Cámara que el Gobierno permitió la filtración de una carta secreta sobre Westland y que Brittan estaba implicado.Heseltine dimitió el pasado día 14, cuando la junta general de accionistas de Westland decidió seguir la recomendación de su consejo de administración y aceptar una participación del gigante norteamericano Sikorsky, propiedad de United Technologies, y la empresa italiana Fiat, en contra de la propuesta hecha por un consorcio europeo en el que figuraban la británica British Aerospace, la francesa Aerospatiale, la alemana occidental Messerschmitt y la italiana Augusta.

Una de las causas determinantes de la dimisión de Heseltine fue la publicación de una noticia distribuida por la agencia Press Association, en la que se revelaba que el solicitor general (ayudante del fiscal general), sir Patrick Mayhew, había escrito al secretario de Defensa para manifestarle que, en una carta dirigida al banco representante del consorcio europeo, había "inexactitudes materiales". La publicación de esa frase de la carta de Mayhew cayó como una bomba en los circuitos políticos de Whitehall. El solicitor general había enviado una copia de su carta a Heseltine, a la primera ministra, a Brittan y al secretario del Foreign. Office, sir Geofirey Howe.

La pregunta inmediata tras la dimisión de Heseltine fue quién era el causante de la filtración de la carta de Mayhew. La primera ministra ordenó una investigación dirigida por el secretario del Gabinete, puesto desempeñado en el Reino Unido por un funcionario imparcial, en este caso, sir Robert Armstrong. Éste revelé que la filtración -calificada de revelación autorizada con el fin de que los accionistas de Westland pudieran tener conocimiento cabal de la situación antes de tomar una decisión- provino del departamento de Industria y Comercio, con el conocimiento y autorización expresa del jefe de prensa de la señora Thatcher, Bernard Ingham.

En círculos parlamentarios de Westminster se considera el asunto de una gravedad extraordinaria, ya que la filtración supone una violación de la ley de secretos oficiales, y, sin embargo, el Gobierno no piensa pedir el procesamiento del autor de la filtración, según reveló la propia primera ministra en la Cámara de los Comunes.

Neil Kinnock, líder de la oposición laborista, consiguió ayer permiso para un debate de emergencia el lunes sobre la crisis Westland y manifestó que a declaración de Thatcher sólo demuestra su culpabilidad en el asunto.