El diario 'Le Progrès', 'intervenido' hasta que se decida sobre la legalidad de su venta a Robert Hersant
Solución de compromiso para el caso del periódico Le Progrès, de Lyon, comprado por el magnate Robert Hersant. El Tribunal de Comercio de París ha decidido nombrar no un administrador judicial, como pedía el fiscal y deseaba el Gobierno socialista, sino un mandatario, es decir, un controlador que impida que se tomen "decisiones irreversibles" hasta que los jueces decidan, a fines de mes, si la venta del diario fue lícita o no.
El ciudadano Hersant, un conservador de 66 años, diputado europeo y candidato a la Asamblea Nacional en las elecciones del próximo 16 de marzo, anunció hace dos semanas la compra del grupo que edita Le Progrès (quinto periódico del país) y otras cuatro publicaciones más, en abierto desafío a la ley de 1984, que prohibe la concentración de los medios de comunicación.
El magnate, que es dueño ya de 20 diarios (nacionales y regionales) y de una quincena de publicaciones periódicas, explicó desde las páginas de Le Figaro -la joya de su imperio- que para ganar una guerra, la de los medios de comunicación, "hay que ir por delante de las leyes".
El Gobierno recogió el reto y pidió al fiscal de la República que estudiara el caso. La Comisión Caillavet, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley sobre transparencia y pluralidad de la Prensa, se reunió en sesión de urgencia y decidió también recurrir al fiscal por incumplimiento de dos artículos del texto legal: el que obliga a comunicar por adelantado la compra-venta de un medio de comunicación o de parte de sus acciones y el que estipula que ninguna sociedad o particular podrá controlar más del 15% de la difusión nacional o regional de la prensa escrita.
Suplicatorio
El propietario de Le Figaro juega con el tiempo a su favor, porque la ley antimonopolio puede ser invalidada por la próxima Asamblea Nacional, en la que existirá probablemente una mayoría conservadora y en la que se sentará él mismo, y porque cualquier acción judicial contra Hersant exige que el Parlamento Europeo acceda previamente a un suplicatorio, lo que además de ser improbable exige varias semanas.El fiscal estimó que si, bien es problemático procesar al ciudadano Hersant, no lo era tanto lograr que el Tribunal de Comercio nombrara un administrador judicial para impedir que el nuevo propietario comenzara a dirigir el grupo recién adquirido, ni que se pronunciara sobre la licitud o ilicitud de la compra-venta.
La sentencia sobre el fondo del caso (validez de la operación comercial), no se conocerá hasta el próximo día 27, pero de momento los jueces han decidido que no pueden impedir que Robert Hersant actúe como nuevo presidente.
El Tribunal de Comercio afirma que la sociedad está funcionando normalmente, que Robert Hersant ha pagado los sala:ríos atrasados (los trabajadores de Le Progrès no habían cobrado su sueldo de diciembre ni la paga extraordinaria) y que el nombramiento de un administrador judicial privaría a las publicaciones de los medios de financiación indispensables, causando la paralización completa del grupo.
Procede, sin embargo, prosigue el tribunal, adoptar medidas de precaución para evitar que Robert Hersant tome "decisiones irreversibles" antes de que se decida si la operación de venta fue lícita.
Para vigilar los movimientos del magnate se ha nombrado un controlador judicial que asistirá a las juntas de accionistas, a los consejos de administración y a cuantas reuniones decisorias se celebren para tomar nota e informar al tribunal si cree que se está violando esa prohibición. El controlador, nombrado por tres meses, será un antiguo presidente del propio Tribunal de Comercio de París, Paul Paciot.
El primer episodio del pulso contra reloj entablado por Hersant y el Gobierno socialista francés finaliza con tablas y sin que se haya llegado al fondo del problema.
La batalla decisiva se desarrollará dentro de 13 días, cuando el mismo tribunal decida si la venta debe ser considerada lícita o quedar sin efecto por incumplimiento de la ley.
