Sentencia favorable al decreto de la Generalitat valenciana sobre obligatoriedad de la lengua autóctona
La Sala Primera de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, presidida por el magistrado Ernesto Macías Campillo, ha dictado una sentencia en la que considera conforme a derecho el decreto de la Generalitat valenciana aprobado e1 3 de diciembre de 1982 que establece la obligatoriedad de la enseñanza del valenciano (la lengua catalana con la fonética propia de la comunidad autónoma).
La sentencia, que lleva fecha de 3 de enero, resuelve los recursos contencioso-administrativos interpuestos por el particular Vicente Benlliure, de una parte, y el partido Unión Valenciana (UV), de carácter anticatalanista, y su ex dirigente Vicente Ramos, de otra, contra el mencionado decreto de la Generalitat valenciana. Esa disposición, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 18 de diciembre de 1982, regula la incorporación del valenciano, con carácter obligatorio, a las enseñanzas de preescolar, general básica, bachillerato y formación profesional.
Competencia del Gobierno
Los recurrentes señalaban que la competencia para establecer asignaturas con carácter obligatorio corresponde únicamente a las Cortes generales. La sentencia que resuelve el recurso precisa que se trata de una competencia "del Gobierno de la nación y, en este sentido, ha de entenderse que cuando se trata de la regulación de la enseñanza en las comunidades autónomas tal regulación hay que atribuirla al Consell u órgano ejecutivo".La sentencia de la Audiencia Territorial añade que "no existe para el establecimiento como asignatura obligatoria del valenciano reserva legal" y, por tanto, puede llevarlo a cabo el Consell, aunque es cierto que podría haber sido regulado por la asamblea parlamentaria provisional que existía entonces.
La ley 4/83, de 23 de noviembre, aprobada ya por las Cortes valencianas que sustituyeron a la asamblea provisional, regula, junto a la obligatoriedad de la lengua autóctona en la enseñanza, su uso público y administrativo.
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