Barcelona y Cataluña

LAS FUERZAS políticas catalanas siguen debatiendo los planes de reforma de la estructura territorial de esa comunidad autónoma, en especial la conveniencia de modificar o de completar la división de Cataluña en cuatro provincias. La aplicación o la revisión de los criterios administrativos establecidos por la Generalitat republicana, que respetaban las conclusiones del geógrafo Pau Vila y revalorizaban las comarcas tradicionales frente a algunas fronteras provinciales, se halla pendiente desde la recuperación democrática. Mientras el Parlament se ha comprometido a abordar ese problema dentro de la, presente legislatura, el debate conexo sobre el futuro del área metropolitana de Barcelona ha cobrado una especial importancia. Y no tanto por los aspectos sustantivos de la discusión, vinculados a la racionalización de los servicios públicos prestados a los ciudadanos, como por motivos relacionados con las posiciones partidistas y con el reparto de cuotas de poder entre las instituciones autonómicas y el Ayuntamiento de la capital de Cataluña.El crecimiento de Barcelona durante las últimas décadas, que engloba en un continuo urbano un área que desborda ampliamente sus límites municipales, ha puesto en cuestión los criterios de la división territorial de los años treinta. Si el Plan Comarcal de 1953 significó un salto definitivo sobre la muralla geográfica que constreñía a Barcelona y oficializó su influencia sobre toda la antigua comarca del Barcelonés (integrada por siete municipios), la Corporación Metropolitana de Barcelona (CMB) -una entidad supramunicipal creada en 1974 para prestar servicios coordinados- englobó en su seno a 27 localidades, que pertenecen a cuatro comarcas distintas y que agrupan -con tres millones de habitantes- a la mitad de la población de Cataluña. Las fuerzas políticas enfocan el crecimiento metropolitano de Barcelona desde ópticas contrapuestas. Para Convergència y Unió (CiU), sustentadora del Gobierno Pujol, Cataluña es una bandera tradicional que no debe quedar empequeñecida por el auge de Barcelona. Desde su punto de vista, el crecimiento de la capital es un fenómeno distorsionador al que habría que poner coto. Los socialistas catalanes, por el contrario, defienden la tesis de que la gran Barcelona -administrada por un ayuntamiento socialista- es el símbolo máximo de la modernidad, la tecnificación, el progreso y los nuevos horizontes comerciales. En su opinión, el crecimiento de la capital sería positivo para el conjunto de una nueva Cataluña.

Pese a que el resultado final de este forcejeo depende de una larga negociación, el partido de Jordi Pujol, que cuenta con mayoría absoluta en el Parlament, ya ha adelantado su intención de recortar el ámbito de la CMB a los límites estrictos de la comarca del Barcelonés. CiU también propone que las competencias del organismo afectadas por la reducción (la gestión del transporte público o la planificación industrial en su actual zona geográfica) pasen a ser competencia de organismos específicos dependientes de la Generalitat. Para restar connotaciones partidistas a su empeño, CiU descalifica el proyecto metropolitano de Pasqual Maragall -tachado de "invento franquista" o "heredero de la concepción de la Gran Barcelona que propugnaba el alcalde Porcioles"- con argumentos orientados a mostrar sus conexiones con el inmediato pasado. Pero los demonios de la polémica difícilmente lograrán ocultar que los problemas de la distribución territorial del poder en Cataluña, que afectan al presente y al futuro de la comunidad autónoma, no pueden planterse en esos términos anacrónicos y maniqueos.

Para los socialistas, la futura ordenación de Barcelona debe preservar la existencia de la CMB como elemento vertebrador de toda la zona que vive en función de la gran ciudad. Desde su punto de vista, la preponderancia de la capital reafirmaría las influencias modernizadoras propias de la cultura urbana frente al arcaísmo conservador de la Cataluña rural. Mientras los convergentes temen que la CMB funcione en la práctica como un contrapoder socialista frente al Gobierno de la Generalitat, Pasqual Maragall sostiene que la gran Barcelona. metropolitana sería un elemento decisivo para realzar el papel de Cataluña en las puertas del siglo XXI. Ante Europa, Barcelona reforzaría su posición dentro del concierto comunitario de grandes ciudades, fundamental para el desarrollo tecnológico y comercial del futuro. Y ante España, esa condición de segunda capital podría actuar de elemento cohesionador en la solución de los largos y complejos contenciosos peninsulares. Que los problemas del poder -¿qué opinarían unos y otros en el caso de que los convergentes controlasen el Ayuntamiento de Barcelona y los socialistas fuesen mayoritarios en el Parlament?- puedan enturbiar la limpieza de la discusión constituye un acicate más para tratar de clarificar esta atractiva polémica.