Serra y Guerra

LAS OPINIONES del ministro de Defensa sobre la situación de los nueve miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) expulsados del Ejército en 1975 por su lucha en favor del restablecimiento de la democracia en España han suscitado el asombro de los ciudadanos y la justificada réplica de los afectados. Ya es grave el tono del ministro -para quien el problema sería una "absoluta minucia" que no le habría quitado "ni una hora de sueño"- al referirse a esa deuda pendiente de la España democrática. Pero más preocupante, resulta la argumentación empleada por él para negar la conveniencia o poner en duda la necesidad del reingreso en el Ejército de esos nueve oficiales, discriminados por la ley de Amnistía aprobada en 1977.Según el ministro Serra, las actuaciones de la UMD durante los últimos años de la dictadura no podrían ser justificadas por el hecho de que el anterior régimen no fuera democrático. Pues habrá que explicárselo ahora a 10 millones de votos socialistas, que tienen que discrepar de esta opinión. Y a otros varios millones de demócratas conservadores. La actitud de la UMD estaba moral, política e históricamente justificada por el carácter dictatorial del franquismo, la inexistencia de libertades públicas durante aquel régimen y la conculcación permanente y directa que de los derechos humanos se hacía por el mismo. Decir otra cosa desde un Gobierno democrático -sea de izquierdas o de derechas- es simplemente inadmisible. De otra manera, los socialistas que hoy están en el poder y lucharon en la clandestinidad contra el franquismo tendrían que pedir perdón por ese comportamiento y renunciar a los beneficios de la amnistía de 1977.

Al descansar sobre tan insensatas premisas, era inevitable que los siguientes palos del argumento de Narcís Serra condujeran a conclusiones disparatadas. En opinión del ministro de Defensa, el reingreso de los nueve oficiales represaliados podría implicar el renacimiento de las corrientes políticas en el seno de las Fuerzas Armadas, su rehabilitación haría "un mal servicio a España" y habría que preguntarse "si conviene a nadie que vuelvan, empezando por España y siguiendo por el Ejército y por ellos mismos". Lo que politiza a las Fuerzas Armadas -en un sentido unilateral y antidemocrático- es precisamente el mantenimiento de la represalia contra los antiguos dirigentes de la UMD. Y el ministro olvida el hecho público y notorio de que la UMD se autodisolvió después de que las primeras elecciones generales pusieran en marcha el sistema democrático.

Aparentando creer en la congruencia interna de su propio discurso, el ministro afirma su intención de expulsar de las Fuerzas Armadas a los que promovieran organizaciones internas de carácter político "aunque fuese con la mejor intencióndel mundo". Tan loable disposición no guarda relación alguna con la rehabilitación de los oficiales de la UMD, a quienes no se puede castigar retroactivamente por el delito de haber luchado a favor de la democracia y de unas Fuerzas Armadas liberadas de una politización peculiar: la que procedía del resultado de una cruenta guerra civil en la que perdieron la vida miles y miles de socialistas defendiendo los mismos ideales de libertad y democracia que animaban a los militares de la UMD.

La ley de Amnistía de 1977 no borró las penas accesorias de separación del servicio impuestas a los militares condenados en 1975 por su ideario democrático. Sin embargo, una ley de Cortes podría enmendar sin mayores problemas esa injusticia. El artículo 213 del Código de Justicia Militar de 1945 preveía que los condenados a penas militares de separación de servicio y pérdida de empleo podrían ser rehabilitados por ley. Tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios, tienen la capacidad de iniciativa legislativa precisa para poner en marcha ese trámite.

Esperemos por eso que no tenga que verse rectificado ahora el propio vicepresidente, Alfonso Guerra, que narró las causas de que la ley de Amnistía de 1977 excluyera parcialmente de su ámbito a los nueve oficiales de la UMD, culpó directamente a UCD de esa omisión y se comprometió públicamente a saldar esa deuda pendiente antes de que concluyese la actual legislatura. ¿Cuál de los dos miembros del Gobierno -su vicepresidente o el ministro de Defensa- merece mayor crédito?. Una aclaración del presidente González está siendo necesaria.