Empresarios y Gobierno se enfrentan por el nuevo sistema fiscal de Canarias
Las dos confederaciones empresariales existentes en Canarias han desatado una fuerte ofensiva contra el Gobierno autónomo, que preside el socialista Jerónimo Saavedra, a raíz de la aprobación de un real decreto-ley por el que se adapta el sistema fiscal específico de las islas a la nueva normativa de imposición indirecta estatal, que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 1986, como consecuencia del ingreso de España en la CEE. Los empresarios son partidarios de un paraíso fiscal para el archipiélago, mientras el Ejecutivo regional tacha sus pretensiones de "histriónicas".
El Parlamento canario, con mayoría socialista, votó desfavorablemente en dos ocasiones (una por unanimidad y otra por falta de mayoría suficiente) durante la segunda quincena de este mes dos textos legales del Gobierno central sobre la armonización del régimen económico y fiscal (REF) de Canarias con el resto del Estado.En el primer caso, la Cámara se opuso a la aplicación de la ley de impuestos especiales del alcohol y derivados; en el segundo, no se alcanzaron los dos tercios necesarios para informar favorablemente la adecuación de la imposición indirecta estatal en Canarias, Ceuta y Melilla.
A pesar de ello, el real decreto-ley que desarrolla esta cuestión ha aparecido ya en el BOE y regirá en el archipiélago. La oposición parlamentaria acusó a la Administración de conculcar la Constitución y el estatuto de autonomía al consultar, como es preceptivo, a la Asamblea legislativa regional después de la publicación del real decreto-ley.
La Confederación Regional de Empresarios de las islas Canarias (COREICA) y la Confederación de Empresarios de Tenerife de la Pequeña y Mediana Empresa (CETEPYME) han coincidido ahora en. arremeter duramente contra el Gobierno de Saavedra, al entender que su decisión de mantener la imposición indirecta en Canarias -impuesto sobre el tráfico de empresas (ITE), arbitrio sobre el lujo e impuestos especiales del alcohol- supone un encarecimiento de determinados productos en Canarias con respecto al resto del país.
En opinión de los empresarios, los fletes, las prestaciones hospitalarias, los seguros y las operaciones financieras serán un 4% más costosos que en la Península y Baleares. Asimismo afirman que la continuidad del arbitrio sobre el lujo es de dudosa legalidad y perjudicará al sector turístico. El alcohol y los derivados sufrirán, añaden, tipos impositivos que doblarán a los de ámbito nacional. Finalmente, aseguran que peligra la desgravación fiscal a la exportación para Canarias.
Óscar Bergaza, consejero de Hacienda del Gobierno canario, negó ayer a EL PAÍS varias de las denuncias empresarias. "Es falso", dijo, "que vayan a aumentar los fletes, ya que están exentos por el REF; el ITE desaparece para obra de fabricación o reparaciones, y será de un 4% en los casos restantes; no se aplicará otro impuesto especial distinto al ya vigente para productos alcohólicos, y el arbitrio sobre el lujo queda reducido en los supuestos de equipamiento familiar".
El consejero admite, en cambio, que este arbitrio (con el que se financian provisionalmente ayuntamientos y cabildos) puede equivaler al doble del IVA en determinados artículos. "En ningún caso se produce un aumento global de la presión fiscal, y el Gobierno garantizará la desgravación fiscal a la exportación", declaró. Bergaza anunció que esta situación es transitoria y se cerrará a mediados de 1986 con la modificación definitiva del REF, que permitirá crear un solo impuesto, que absorberá los actualmente en vigor.
