Las razones de una actitud cívica

A lo largo de estos últimos meses se ha afirmado en los medios de comunicación que los médicos no declararán sus puestos de trabajo conforme se contempla en el mandato imperativo de la ley de incompatibilidades y como consecuencia se verían incursos en un delito de desobediencia civil; incluso se ha llegado a decir que retaban a la Administración.Estas aseveraciones podemos asegurar que distan mucho de la auténtica realidad y que siendo tal vez el sentir de una minoría ponen en peligro la dignidad y la imagen de una prestigiosa profesión y la de los profesionales que la integran. (Para demostrarlo, lo primero que tendremos que hacer es situarnos ante la realidad del. problema, así como ante la auténtica acción que en defensa de los médicos afectados ha realizado y realizará la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos -CESM- como única organización sindical médica legitimada en las últimas elecciones sindicales.)

110.000 médicos

Tenemos que comenzar por decir que en España hay aproximadamente 110.000 médicos, de los cuales 25.000 son jubilados; los que se encuentran en situación de paro médico son otros 25.000. Calculamos que los que tienen un solo puesto de trabajo en la función pública y no tienen actividad privada, más los que sólo tienen actividad privada sin tener puesto en la función pública -a los que no les afecta la ley-, se acerquen a 10.000.

Los médicos titulares y rurales, aunque dentro del ámbito de la ley tienen concedida la compatibilidad con la Seguridad Social, mientras que no se reestructuren sus cuerpos, no teniendo que declarar, suman un total aproximado de 8.500.

El resto de los médicos debe declarar sus puestos de trabajo, pero calculamos que serán 30.000 los que estando dentro del ámbito de la ley no perderán ningún puesto, conforme a su situación actual, y ello como consecuencia de que tienen un solo puesto de trabajo y la actividad privada, o tienen dos puestos de trabajo a tiempo parcial, compatibles incluso con la actividad privada en la mayoría de los casos. Es decir, realizando una simple operación de restar, los médicos que pudieran verse afectados oscilan entre 11.000 y 12.000; pero si tenemos en cuenta ciertas situaciones especiales, como es la compatibilidad de la docencia, que algunos de los médicos pudieran tener más de dos puestos, etcétera, llegamos a la conclusión de que aproximadamente 8.000 profesionales de la medicina tendrán que dejar un puesto de trabajo a lo largo de los próximos años, pues no olvidemos que, de acuerdo con las negociaciones mantenidas por nuestra organización con el Ministerio de la Presidencia, la aplicación será paulatina. También es importante aclarar que las declaraciones en las autonomías catalana y andaluza se efectuaron directamente en las mismas.

Con lo anteriormente expuesto entendemos que estamos situados, acerca del número de médicos afectados por la ley y, dentro de éstos, los que tienen que pasar a excedencia en su día, en uno de los puestos de trabajo.

Ahora nos tenemos que preguntar: ¿qué actitud ha adoptado la Confederación Española de Sindicatos Médicos ante la problemática que crea la ley de incompatibilidades? Y en su respuesta tenemos que afirmar que, desde hace más de dos años, nuestra organización ha estado informando a los médicos españoles de que, como consecuencia de la ley general de Sanidad y de la ley de incompatibilidades, vamos hacia un solo puesto de trabajo en la función pública, y al estar éstos mal retribuidos, nuestra reivindicación debe sustentarse en conseguir una contraprestación digna al especial servicio que los médicos prestan a los miembros de la sociedad.

Es curioso, pero a la vez satisfactorio, el comprobar que en estos días es repetido nuestro lema, tantas veces recogido en los medios de comunicación, y que no es otro que queremos "un solo puesto de trabajo dignamente remunerado", y esta cota es la equiparación con los cuerpos especiales de la Administración civil del Estado.

Reforma sanitaria

Nuestra organización propugnaba que el poder ejecutivo del Gobierno, a través de su Administración, guardase una sincronización en la aplicación de las leyes que emanan del Parlamento español y cuyos efectos pueden ser complementarios. Esto significaría, en este caso, haber ido implantando la reforma sanitaria a la par que los puestos reestructurados podían hacerse incompatibles con cualquier otro de la función pública. Sin embargo, no ha sido así. La reforma sanitaria plasmada casi en su totalidad en el Boletín Oficial del Estado dista mucho de verse puesta en práctica y la ley de incompatibilidades se aplicará inexorablemente desde el día 1 de enero de 1986 para el personal sanitario.

Al no tenerse en cuenta estos y otros principios básicos de complementariedad entre leyes, el texto de la actual ley de incompatibilidades lo hemos considerado injusto, entre otras razones, porque no contempla un justiprecio por el puesto que se deja, no establece las condiciones dignas para el único puesto en la función pública y no resuelve el problema del paro médico. Por ello, en enero de 1985, -convencidos de que la ley es inconstitucional, promovimos un recurso de inconstitucionalidad que fue presentado por el único partido político que puede reunir las 50 firmas de diputados necesarias a tal efecto.

No conformes con esto, y agotadas las vías de negociación con la Administración acerca de nuestra reivindicación principal, la determinación de las condiciones laborales y económicas del puesto único en la Administración que incluyera la equiparación salarial a los cuerpos de la Administración civil del Estado, nos vimos en la necesidad de convocar a los médicos a la movilización en previsión de la situación actual y en el ánimo de que la Administración clarificara el horizonte con un desarrollo reglamentario de la ley de incompatibilidades, que entonces no existía, que permitiese su aplicación acomodada al proceso de reforma sanitaria. Convocamos una huelga legal, en uso de nuestras legítimas competencias.

La huelga tuvo una incidencia desigual y no consiguió su objetivo; pero, curiosamente, fue torpedeada por las mismas instancias que ahora pretenden posturas de mayor radicalidad, al margen de la legalidad vigente.

Nuestra actitud, en todo momento, ha estado presidida por el sentido común y el civismo. El considerar que la ley es injusta no es óbice para que adoptemos una postura de respeto para con el Parlamento español, contribuyendo de este modo a consolidar nuestra democracia. Eso sí, todo aquel afectado y consecuentemente perjudicado por la ley, al considerarse amparado por otras leyes de nuestro ordenamiento jurídico, debe recurrir en el mismo momento que se le notifique su cese en un puesto de trabajo, al margen de que estemos a la espera de la sentencia del único recurso existente en el Tribunal Constitucional y que, repetimos, fue promovido por la CESM.

Seguimiento de la ley

Pero nuestras acciones no se agotaron en ofrecer a nuestros afiliados unos servicios jurídicos especializados y sólidamente fundamentados sobre este tema, sino que mantendremos un seguimiento de la ejecución de la aplicación de la ley para que ésta no se produzca dejando a nuestros representados con un grave deterioro económico, sino que se realice a medida que el puesto único tenga la remuneración que profesionales como son los médicos necesitan y a cuyo fin estamos manteniendo con la Administración las conversaciones necesarias.

No es el momento de enumerar las ventajas de aquellos que declaren en tiempo y forma, sino el de haber comentado las razones de una actitud cívica aprobada por una organización como es la CESM, que cuando ha tenido que realizar medidas de presión, incluida la huelga, las ha llevado a cabo con firmeza, y lamentar que por la actitud de minorías que ostentan cargos de representación tengan que estar en boca de todo el mundo una dignísima institución como es la OMC y los profesionales de la medicina.