La Generalitat considera globalmente positiva la sentencia

"El aspecto fundamental de la sentencia del Tribunal Supremo es que considera constitucional el que los maestros conozcan el catalán", manifestó ayer el conseller de Enseñanza de la Generalitat, Joan Guitart, en referencia al dictamen emitido el martes por el Supremo como consecuencia del recurso presentado por 39 maestros castellanohablantes. Guitart dijo que "lo que la sentencia considera discriminatorio es que existan pruebas distintas de catalán para un maestro que, por ejemplo, se examine en Huesca y para otro que lo haga en Lérida".La sentencia está siendo estudiada por los servicios jurídicos del Departamento de Enseñanza de la Generalitat, que deberán buscar un único baremo para medir, a partir de ahora, el conocimiento del catalán tanto para los profesores que se presenten a concurso de traslado desde Cataluña como para aquellos que provengan del resto de España.

El conseller de Enseñanza dijo que hasta ahora se había tratado "de una forma más cariñosa a los maestros provinentes de fuera de Cataluña, con la finalidad de facilitar en un período de cuatro cursos la integración pausada". El conseller afirmó que no puede explicar cómo se garantiza que estos maestros conocen suficientemente el catalán al cabo del período de cuatro años, porque como la normativa entró en vigor en el año 82, "aún no se ha producido ningún caso que haya agotado el plazo fijado de los cuatro cursos".

El conseller también destacó que de los 9.000 profesores que han superado las oposiciones en Cataluña durante los años 82, 83 y 84, "sólo 600 tienen pendiente la prueba específica de lengua y cultura catalana que se exige para acceder a plaza de propiedad en nuestra comunidad autónoma".

Normativa en estudio

Fuentes próximas a la administración autonómica manifestaron ayer que existen dos maneras de leer la sentencia: como una botella medio llena, o medio vacía. El problema que afronta el Departamento de Enseñanza es, en opinión de medios políticos, a partir de ahora, buscar una fórmula que permita medir el grado de conocimiento del catalán y que no sea susceptible de recurso a la luz de esta sentencia del Tribunal Supremo. Se desea que esta normativa esté elaborada a principios del próximo año, pero se está todavía a la espera de si el Departamento de Enseñanza decide recurrir la sentencia del pasado martes.

Ese día, cuando todavía la sentencia no era conocida en su integridad, varios altos cargos del departamento habían expresado su preocupación por la anulación del artículo 30.

Sin embargo, la Generalitat considera globalmente positiva la sentencia. "Hemos de tener muy presente", añadió Joan Guitart, "que el aprendizaje y la normalización lingüística llegan a través de la escuela y, por tanto según la sentencia, los maestros que trabajen en Cataluña deben conocer el catalán".