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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

El embrollo médico

UN CONJUNTO de enfrentamientos y sinrazones definen el cuadro de la situación médica. El desafío corporativo -y corporativista- de la Organización Médica Colegial al Gobierno, pide indirectamente a sus colegiados la desobediencia civil, instándoles a caer en sanción; el Ministerio de Sanidad obliga a los médicos a autodenunciarse, porque él mismo carece de medios para saber dónde están, por qué razones y cuánto cobran cada uno de sus funcionarios. De otra parte, la falta de claridad en la fijación de los nuevos salarios contribuye a incrementar la angustia de muchos facultativos más que el ilícito manifiesto gremial. Está mal que haya unos 20.000 jóvenes médicos sin trabajo mientras otros tienen un pluriempleo que sólo pueden cumplir a costa del paciente. Y mal el desarrollo general de la ley de Incompatibilidades, que aprieta a unos sectores y deja a otros en la impunidad. En todo ello destaca como un punto medio la postura sindical, la de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que pide a sus afiliados que cumplan la ley y que, al mismo tiempo, emprendan las acciones legales y morales para defender sus derechos. ¿Qué es lo que va a hacer el ministerio con los formularios si, como debe ser, se cumplimentan? ¿Cómo podrá resolverse el problema de hacer compatible una distribución racional por especialidades y la atención a las peticiones que se hagan en el formulario? El anuncio del jefe de la Inspección General de Servicios de la Administración Pública de que dispone de un potente ordenador no tranquiliza nada. Algunos potentes ordenadores en manos de la Administración están produciendo confusiones y equívocos considerables en muchos sectores. La nueva colocación de los médicos en el tablero puede tardar meses, quizá años, y hay vehementes sospechas de que pueda producir considerables trastornos. Entre tanto, se pueden estar produciendo anomalías y desórdenes en servicios que de primer orden social.Hay unos cuantos puntos, por el contrario, que parecen bastante claros en todo este embrollo: 1) un médico debe tener un solo puesto en la Administración pública, y atenderlo con conciencia profesional y tiempo suficiente; 2) ese puesto debe estar suficientemente remunerado, con arreglo a categorías y situaciones, para que por sí mismo evite el pluriempleo como necesidad,- 3) la Administración está obligada por sí misma a conocer la situación de cada uno de sus funcionarios, a advertirles de su nueva remuneración y del riesgo que corren si convierten su situación en irregular; 4) las plazas que queden vacantes deben ser cubiertas inmediatamente.

La opinión pública recibe en general una impresión deplorable de cómo se está realizando la asistencia médica y sanitaria, y no acepta fácilmente la lucha gremial contra las incompatibilidades, porque entiende que los empleos dobles están restando tiempo de atención a los pacientes. Menos aún acepta las amenazas veladas de que se vayan a paralizar los quirófanos y otros servicios básicos, según el Colegio de Médicos de Madrid. Lo que todo este debate requiere es, en principio, menos apasionamiento por parte de los dos sectores enfurecidos, el gremio y la Administración pública. Un examen realista de la situación puede hacer que, sin volverse atrás en la aplicación de la ley de Incompatibilidades, se estime claramente cuál es el número de médicos afectados, cuál es la situación en cada caso personal y de qué forma se puede paliar el daño. Es de desear que la asamblea de médicos convocada para el día 17 de este mes esté presidida por la calidad intelectual y moral de los convocados, y no, como se prevé, movida por ánimos pasionales o políticos. Paralelamente, seria bueno que la Administración templara su actitud amenazante y supiera realmente dónde está la medida de sus posibilidades y la capacidad de su burocracia para esclarecer este embrollo. Seguramente si, según las primeras previsiones, la Ley General de Sanidad hubiera entrado en vigor antes que la Ley de Incompatibilidades, la reordenación de puestos habría terminado siendo más racional y se habrían evitado también, en buena parte, los actuales enconos.

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