El IPI pedirá al Defensor del Pueblo que actúe contra la colegiación obligatoria

La sección española del Instituto Internacional de Prensa (IPI) acudirá al Defensor del Pueblo con el fin de solicitar su mediación para que ejerza las acciones pertinentes contra la colegiación obligatoria de los periodistas.El IPI entiende que la ley de creación de un colegio profesional de periodistas en Cataluña limita a unos pocos ciudadanos la libertad de expresión, derecho que el artículo 20 de la Constitución reconoce a todos los españoles.

Tras señalar que esta ley concita la preocupación y el rechazo del IPI, esta organización dice que el periodismo es el ejercicio profesional y continuado de la libertad de expresión, como acaba de recordar el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos al condenar la colegiación obligatoria de periodistas en Costa Rica.

La colegiación restringe, según el IPI, esa libertad garantizada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y por la Convención Europea de Derechos Humanos, a un puñado de privilegiados. Apoyándose en aquel alto tribunal, "el ejercicio del periodismo profesional no puede ser diferenciado de la libertad de expresión, que es lo que hace la nueva ley catalana", dice el IPI. "Resulta en principio contradictorio invocar una restricción a la libertad de expresión como un medio para garantízarla", subraya.

La ley catalana del Colegio de Periodistas contiene, en opinión del IPI, dos elementos que agravan su alcance. Uno, la obligatoriedad de colegiación, derivada de la ley de Colegios Profesionales; otro, la relación formal y orgánica que establece (artículo 4) entre el Colegio de Periodistas y la Presidencia de la Generalitat, es decir, el poder ejecutivo".

El IPI afirma que la limitación a un gremio cerrado de la libertad de expresión y el control de este gremio por los poderes públicos son características de cualquier sistema de colegiación obligatoria de periodistas. Ambas aparecen en la nueva norma catalana. Frente a esto, sin embargo, la Asociación de la Prensa de Barcelona, cuyos miembros solicitaron y aprobaron por unanimidad la creación del colegio, argumenta que en todo momento su proyecto considera la colegiación como no obligatoria.

La sección española del Instituto Internacional de Prensa señala que "se ve obligada a levantar una voz de alarma ante la opinión pública y a iniciar las acciones necesarias para que en toda España se restablezca una plena libertad de expresión, condición indispensable de una sociedad democrática".