El Congreso aprueba que la Guardia Civil dependa a la vez de Interior y Defensa

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer, con los votos favorables de los grupos Socialista y Popular, la doble dependencia de la Guardia Civil con respecto al Ministerio del Interior y al de Defensa. Asimismo, en la tramitación del proyecto de ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Cámara baja mantuvo el carácter militar de la Guardia Civil y rechazó la creación de una comisión parlamentaria que tenga acceso a los ficheros policiales. También se aprobó la creación del Consejo de la Policía, órgano de mediación entre sindicatos y Administración

PNV, PCE, Minoría Catalana y Esquerra Republicana de Catalunya se opusieron a la doble dependencia de la Guardia Civil y su carácter militar. Para Marcos Vizcaya, portavoz del PNV, "no hay una sola función encomendada a la Guardia Civil en este proyecto de ley que justifique el carácter militar que se le otorga. Todas las funciones que el proyecto de ley confiere a la Guardia Civil son civiles, por lo que el Ministerio del Interior debería ser el único órgano que dirigiese a este cuerpo".Carlos Navarrete, portavoz del Grupo Socialista, señaló que su partido mantiene el carácter militar de la Guardia Civil; "porque es un compromiso electoral que quedó reflejado en nuestro programa", dijo. Para el portavoz socialista, en el programa del PSOE se habla de una progresiva dependencia de la Guardia Civil con respecto a Interior, "lo que queda reflejado en el proyecto de ley".

El grupo Socialista elaboré una enmienda transaccional sobre dependencia de la Guardia Civil según la cual quedan atribuidos al Ministerio del Interior las retribuciones, destinos, acuartelamientos y material de la Guardia Civil.

Según esta enmienda, el Ministerio de Defensa es competente en el tema de ascensos y en el cumplimiento del servicio militar en la Guardia Civil. Sin embargo, la doble dependencia se mantiene, en lo referente a armamento y despliegue territorial, así como al nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil.

Por otra parte, Fernando Pérez Royo, portavoz comunista, solicitó infructuosamente a la Cámara la creación en esta ley de una comisión parlamentaria que tuviera acceso a las fichas y a los bancos de datos policiales, para garantizar la imposibilidad del llamado espionaje policial a los partidos políticos.