El Gobierno regional habría recaudado por el 3%, cerca de 6.000 millones más de los que anunció Leguina

El Gobierno regional de Madrid habría ingresado este año 15.000 millones de pesetas si se hubiese aplicado el recargo del 3% sobre el impuesto de la renta de las personas físicas, cuya vigencia está pendiente de una resolución del Tribunal Constitucional. Un portavoz del Ministerio de Economía y Hacienda informó que la recaudación correspondiente al ejercicio de 1984 por este impuesto será en Madrid de 500.000 millones de pesetas. Joaquín Leguina, presidente del Gobierno regional, aseguró que el recargo no aumentaría la presión fiscal porque se recaudarían sólo 9.000 millones, importe equivalente al de las tasas municipales que se iban a eliminar a cambio.

"Aunque no está cerrado el ejercicio, se puede decir ya que del billón 150.000 millones de pesetas que entre impuestos directos e indirectos se recaudarán este año en Madrid, unos 500.000 millones de pesetas corresponden a los ingresos por el IRPF una vez deducidas las devoluciones", informó Ángel Bizcarrondo, delegado del Ministerio de Economía y Hacienda en Madrid. Según este cálculo, la aplicación del recargo del 3% sobre la cuota líquida del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) habría representado unos ingresos de 15.000 millones de pesetas, 6.000 millones por encima de los cálculos que empleó el Gobierno regional en sus explicaciones públicas sobre el nuevo impuesto.Según Bizcarrondo, las previsiones, de mantenerse la tónica de este mes, elevarán la cantidad ingresada en impuestos directos a 700.000 millones de pesetas, de los que 500.000 corresponden al IRPF. El 75% de esta última cantidad procede de las rentas del trabajo personal, el 12% son retenciones sobre rentas de capital y el resto, un 13%, sobre rendimientos de actividades artísticas, empresariales y de profesionales liberales.

Dos recursos

La Comunidad no ha llegado a ingresar los 15.000 millones que habrían resultado de aplicar el recargo porque la vigencia de la ley fue suspendida por la Asamblea de Madrid el pasado 18 de abril, después de que el Tribunal Constitucional admitiera a trámite sendos recursos presentados por Coalición Popular y por el Defensor del Pueblo contra la ley del Fondo de Solidaridad Municipal (que regulaba el recargo). La suspensión fue precedida de una visita de Joaquín Leguina al presidente del Gobierno central, Felipe González. El presidente pidió a Leguina la retirada de la ley para evitar que se erosionara la conciencia fiscal de los ciudadanos, tras la recogida por parte de Coalición Popular de más de 300.000 firmas contra el nuevo recargo.Con la suspensión de la ley se terminaba la primera parte de un proceso iniciado en octubre de 1984, cuando el Gobierno regional, integrado por militantes del PSOE, aprobó el proyecto de ley que creaba el nuevo impuesto, tras haberlo pedido formalmente seis alcaldes del sur del área metropolitana de Madrid, todos ellos militantes socialistas. Según manifestaron entonces responsables socialistas tanto de la comunidad autónoma como del Ayuntamiento de Madrid, el objetivo de la ley y del nuevo impuesto era lograr una mejor redistribución de los ingresos fiscales entre los ayuntamientos de la provincia. La Consejería de Hacienda, ante las acusaciones de que el cobro de este recargo iba a suponer un aumento de la presión fiscal, difundió un comunicado oficial en el que manifestaba: "La presión fiscal en la Comunidad de Madrid no aumentará con la aplicación de este proyecto de ley, porque los ayuntamientos -confiamos en su sentido de la responsabilidad- reducirán las tasas y tributos municipales en la misma cuantía que importa el recargo a los vecinos de sus municipios".

Unos 40 ayuntamientos, entre ellos el de Madrid, acordaron efectivamente eliminar tasas, en especial las de alcantarillado y recogida de basuras.

Fuentes de Hacienda indicaban ya en noviembre de 1984 que las previsiones de ingreso eran superiores a las divulgadas en su argumentación por el Gobierno regional.

De acuerdo con las expectativas existentes y con la recaudación del IRPF en 1983, se podían cifrar los ingresos de la Comunidad por el cobro del recargo del 3% al menos en 12.000 millones de pesetas.

El último hecho destacable en relación con el recargo se produjo el pasado 27 de septiembre. La Asamblea de Madrid aprobó, con los votos en contra del Grupo Popular y del sector carrillista del PCE, la aprobación de un crédito extraordinario de 8.400 millones de pesetas para aquellos ayuntamientos que hubieran eliminado las tasas y tributos en compensación del recargo, que nunca llegó entrar en vigor.