La Junta de Andalucía seguirá adelante con la reforma agraria, a pesar de los recursos presentados por las expropiaciones

La Junta de Andalucía no detendrá el proceso de aplicación de la ley de Reforma Agraria tras la suspensión cautelar de las expropiaciones de Antequera, según manifestó ayer el consejero de Agricultura, Miguel Manaute. En la comarca de Antequera la noticia sembró incertidumbre, mientras que la asociación empresarial recurrente criticó la ley, al tiempo que Alianza Popular, que está a la espera de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la globalidad de la norma, interpretaba que la suspensión cautelar suponía una "desautorización" de la ley.El presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, manifestaba a su llegada del viaje realizado a EE UU que consideraba "absolutamente normal" que los particulares recurriesen la ley, pero que ésta "sigue adelante aunque se dilaten los plazos". Rodríguez de la Borbolla, a la espera de la sentencia definitiva, dijo: "Yo creo que tenemos razón". El consejero de Agricultura y Pesca, Miguel Manaute, afirmaba que la suspensión "no prejuzga la sentencia final" y consideró grave el supuesto de que la decisión final dijese que no se pueda expropiar en los supuestos contenidos en la ley de Reforma Agraria. En estos momentos son seis las comarcas andaluzas afectadas por la ley: Antequera -que ya tiene decretos de actuación, ahora recurridos-, Vega de Sevilla, Vega de Córdoba, Estepa-Osuna (Sevilla), Medina Sidonia y Campiña de Cádiz (ambas, en Cádiz). Excepto las dos últimas, en las demás tienen avanzado el proceso de declaración de extensión y producciones y, en el caso de Córdoba, los decretos que contemplarán expropiaciones verán la luz antes de fin de año.

Las reacciones sobre la medida adoptada por la Audiencia Territorial de Sevilla ante el recurso de los empresarios agrícolas malagueños son diversas. En la comarca de Antequera había incertidumbre y la generalidad de los propietarios afectados rehusaron hacer declaraciones. El presidente de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (FASAGA), José Bohórquez Mora-Figueroa, manifestó: "Adolece de garantías jurídicas y se basa en criterios agronómico-prácticos". Reconoció el carácter cautelar de la medida judicial. Más lejos llegó el presidente de Alianza Popular y candidato a las elecciones autonómicas. Antonio Hernández Mancha dijo que la suspensión supone una "desautorización de la ley protagonista de la actual legislatura"; relacionó la reciente dimisión del presidente del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria (IARA), José María Sumpsi, con este hecho, y pidió más dimisiones. "Si no", dijo, "no hay seriedad". El sindicato del campo de CC OO señalaba que "la voluntad de los Gobiernos central y autonómico es la de propiciar la paralización".

La suspensión cautelar de las expropiaciones de uso se tomó en consideración tras el recurso planteado por el catedrático de Derecho Administrativo y ex ministro Manuel Clavero Arévalo, que ha conducido la totalidad de los recursos presentados por ASAGA contra la ley de Reforma Agraria y que también destacaba el carácter "cautelar" de la medida.