El jefe de escolta del ministro Félix Pons, implicado en una red de seguridad privada

El jefe de seguridad de la escolta de Félix Pons, ministro de Administración Territorial, está presuntamente implicado en la organización de una red de servicios de protección para entidades privadas, según fuentes de la Dirección de la Seguridad del Estado.La organización, que ha sido descubierta y desarticulada, estaba presuntamente compuesta por funcionarios en activo del Cuerpo Superior de Policía y de la Policía Nacional y, al parecer, utilizaba información de la Seguridad del Estado para realizar los servicios que prestaba.

Los policías estaban solapadamente al frente de tres empresas legalmente constituidas, a través de las cuales contrataban agentes de los cuerpos de seguridad para servicios de protección y vigilancia, según las fuentes de la Seguridad del Estado.

Como supuesto jefe de esta organización figura el jefe de seguridad de la escolta del ministro de Administración Territorial, subcomisario Antonio Isabel Gómez, de 42 años, precisaron las mismas fuentes.

También constan entre sus presuntos integrantes el subcomisario Rafael Núñez Ispa, de 48 años, destinado en la comisaría madrileña de La Latina, y los policías nacionales Ricardo Rojas, del servicio de escolta del presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, y Emilio Gómez, del cuerpo de escolta del ministro de Administración Territorial, Félix Pons.

La Dirección General de la Policía facilitó ayer tarde una escueta nota en la que informó de la "posible intervención de funcionarios de policía en situación de servicio activo en empresas de seguridad o actuaciones laborales por convenio directo con algunas empresas mercantiles para la prestación de servicios de protección y vigilancia".

Esta dirección precisó que "se ha abierto expediente disciplinario a un subcomisario y a tres inspectores, decretando la suspensión provisional de funciones a un subcomisario y a un inspector".

La Dirección de la Policía no aportó ni la identidad de los afectados por estas medidas ni otros datos sobre la organización, que presuntamente integraban además varios policías nacionales cuya actuación se investiga, dice la nota oficial.

Según fuentes de la Seguridad del Estado, los integrantes de la organización se valían de su condición de policías para utilizar los servicios dependientes del Ministerio del Interior (documento nacional de identidad, informática y archivo, entre otros) en los trabajos ofrecidos a las empresas para las que trabajaban.

La red, que actuaba en las oficinas de las tres empresas legales ubicadas en el edificio Torre de Madrid, de la plaza de España de esta capital, prestaba servicios de seguridad y protección en hoteles, compañías aéreas, centros comerciales, empresas inmobiliarias y comunidades de vecinos.