Suspendido un juicio en el que se pedían 17 años para ocho jornaleros del SOC

José Muñiz, presidente de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, suspendió el juicio que debió celebrarse a las 10 de la mañana de ayer contra ocho jornaleros del Sindicato de Obreros del Campo (SOC), entre los que se encontraba el secretario general de la organización, Diego Cañamero, acusados todos ellos de protagonizar en septiembre de 1983 un encierro en el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) en protesta por la falta de trabajo.

Según miembros del SOC, el parlamentario vasco Juan María Bandrés, que acudía al juicio como observador, se comprometió a plantear los hechos ante el Parlamento de la nación. Numerosos miembros del SOC y varios familiares de los ocho jornaleros que iban a ser juzgados se congregaron desde primeras horas de la mañana de ayer en los alrededores de la Audiencia Provincial, donde también había un numeroso contingente de Policía Nacional. La mayoría de ellos portaban banderas andaluzas y algunos penetraron en el edificio del palacio de justicia a la hora en que el juicio debía de comenzar.Sobre las 10.30 de la mañana el juicio -en el que el fiscal iba a pedir dos años de cárcel para siete jornaleros y tres para otro que contaba con antecedentes por ocupación de fincas- fue suspendido. Tomás Iglesias, abogado de los jornaleros, aseguró que se había suspendido por la no comparecencia del alcalde de El Coronil, del PSOE. Desde ese Ayuntamiento sevillano comunicaron que el alcalde estaba de viaje.

El diputado vasco Juan María Bandrés, que acudió a la celebración del juicio en calidad de observador, junto a representantes de Amnistía Internacional, una comisión de Defensa de los Derechos Humanos y una comisión de juristas europeos, dijo encontrarse emocionado desde que una jornalera le dijera: "Tú, que eres un trabajador del derecho, defiéndenos con el corazón abierto".

Una Vez suspendido el juicio, los jornaleros cantaron el himno de Andalucía y gritaron vivas a la libertad a las puertas de la Audiencia. Tras un breve discurso de Diego Cañamero, se dirigieron, hacia las oficinas del Parlamento autónomo, encabezados por cuatro mujeres familiares de los procesados. Allí, los ocho jornaleros procesados se entrevistaron con el vicepresidente de esta institución, Alvaro Alcaide, al que entregaron un escrito en el que decían ser víctimas y no culpables.