El Supremo ordena instalar escaleras mecánicas en el subterráneo de Canalejas

El paso subterráneo de la plaza de Canalejas, que da acceso a un aparcamiento y una galería comercial, deberá contar con escaleras mecánicas, según establece una sentencia del Tribunal Supremo, que ordena a Aparcamientos y Construcciones, SA, concesionaria del estacionamiento, que las instale en el plazo de un mes. La sentencia, que pone fin a un proceso de siete años, facilitará a los transeúntes -reacios a utilizar las escaleras de hormigón, de mucha altura y causa de numerosos accidentes- el uso de este paso, en vez de sortear vallas metálicas y cruzar con peligro la carrera de San Jerónimo.

El proceso judicial se inició en abril de 1978, cuando el Ayuntamiento, 14 años después de su construcción, requirió a Aparcamientos y Construcciones SA (ACSA) la instalación de este tipo de sistema, bajo apercibimiento de abrir un expediente de caducidad de la concesión. La adjudicación de ésta por 50 años se había hecho en 1962, cuando era alcalde de Madrid José Finat, conde de Mayalde, a Francisco Lozano Vicente, que actuaba en nombre de ACSA, y que en 1975 fue ministro de la Vivienda."Nunca nos opusimos a la construcción de escaleras mecánicas", dijo ayer el administrador de la empresa concesionaria, Juan Manuel de la Torre. Sin embargo, éstas nunca se construyeron, a pesar de que el contrato de concesión indicaba que su instalación se realizaría en un plazo de seis meses después de que el Ayuntamiento decidiera sobre "la protección contra la intemperie y su ornamentación". La necesidad de protección estaba motivada entonces por la inexistencia de escaleras mecánicas adecuadas a la intemperie.

"Problemas de estética"

"El Ayuntamiento no nos indicó nunca cómo debían ser los templetes, y nosotros no podíamos inventamos unos, pues su instalación afectaba a la estética de la plaza y podía tapar escaparates", dice De La Torre.En 1969, cuando aparecieron las "escaleras para aire libre" la empresa argumentó nuevas dificultades que estimaba insalvables para su instalación, tales como el aumento de coste, la necesidad de cortar la galería del Canal de Isabel II, modificar los dinteles y cerrar el tráfico de la plaza de Canalejas. La sentencia del Supremo califica de chocantes estos obstáculos, dado que el aparcamiento se construyó sin cortar la circulación.

El decreto municipal de 1978, que ordenaba la inmediata construcción de las escaleras, fue recurrido por ACSA, defendida ante los tribunales por Eduardo García de Enterría, y por Alberto del Águila, propietario de uno de los 36 comercios de la galería, que reclamaba al Ayuntamiento la construcción de las escaleras si no lo hacía la empresa concesionaria. Ambos recursos han sido desestimados.