La campaña gallega impone una pausa parlamentaria en Madrid

El debate de la ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la modiricación de la legislación que regula el impuesto sobre la renta de las personas risicas (IRPF) serán los únicos actos parlamentarios que se producirán esta semana. Las elecciones del próximo domingo en Galicia provocan esta pausa. La presidencia de la Cámara baja, con la aquiescencia de los portavoces de los grupos parlamentarios, ha comprendido que los diputados que deben su escaño a alguna de las provincias gallegas deberán trasladarse a esas tierras para participar en la campaña.

A nadie se le escapa que no sólo los políticos gallegos se muestran interesados en estos comicios, por lo que se corría el riesgo de que las Cámaras registraran estos días un absentismo inusitado. Si bien no habrá pleno, se espera sin embargo la presencia de una treintena de diputados, agrupados bajo la Comisión de Justicia e Interior del Congreso. A este organismo corresponde, a partir de mañana, la responsabilidad de dictaminar la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igual tarea agurda a los comisionados de Economía, que tendrán que debatir la reforma de la ley que regula el impuesto sobre la renta.José María Calviño, director general del Ente Público RTVE, comparecerá mañana en el Senado para responder a las más diversas preguntas de los parlamentarios de la Cámara alta. De Television Española continuarán hablando el próximo jueves, al margen del Parlamento, el PSOE y el Grupo Popular, con vistas a llegar a un acuerdo para la reforma del Estatuto que regula jurídica y políticamente el Ente público.

Ésta será la tercera entrevista que mantienen a este respecto los negociadores populares y socialistas y, según versión de ambos tras la reunión del pasado miércoles, en ella se sabrá si hay acuerdo en la fórmula para la elección del director general del Ente y la composición y funciones del Consejo de Administración de RTVE. Este último aspecto presenta dificultades de partida ante las diferentes concepciones que conservadores y socialistas mantienen sobre lo que debe ser este órgano de control de la política del Ente público. Mientras que el PSOE se muestra favorable a que dependa del Parlamento, el Grupo Popular prefiere un consejo de administración en el que estén representados lo que ellos denominan "todos los sectores sociales".