La reunión de Sevilla sobre derechos humanos analizó la libertad de expresión

El VI Coloquio Europeo sobre Derechos Humanos estudió ayer los problemas de la libertad de expresión y el derecho a la información en el ámbito jurídico de la Convención Europea. Varios de los participantes en el debate pusieron de manifesto las insuficiencias del artículo 10 de la convención.

La mayoría de los participantes en el debate sobre libertad de expresión y de información en una sociedad democrática glosaron las limitaciones impuestas por ese artículo de la Convención Europea de Derechos Humanos a los mencionados derechos cuyo párrafo segundo dice: "El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial".El ponente británico McGregor of Durris, defendió que en las democracias occidentales la represión sólo es lícita cuando la opinión o conducta en cuestión perjudica a otras personas, y que lo decisivo es la interpretación que se de al concepto de limitación necesaria en una sociedad democrática. McGregor aceptó que la libertad de expresión no puede ser absoluta, pero mostró su desconfianza hacia las limitaciones provenientes de los poderes públicos. "Más vale correr riesgos con los capitalistas", dijo, "que con los gobiernos".

El director de EL PAIS, Juan Luis Cebrián, hizo referencia a las palabras pronunciadas por el Rey el día anterior y afirmó: "Si los periodistas tenemos miedo a la palabra responsabilidad es porque nos recuerda los abusos y las represiones de que hemos sido objeto, y lo que es peor, la autocensura que ha generado en nosotros". Resaltó que el derecho a la información es ejercido por los periodistas en servicio a los ciudadanos y no en interés del Gobierno, de los propietarios de los periódicos o de los propios periodistas y dijo que debe ser este servicio público el que guíe las limitaciones que la Administración pueda establecer. Cebrián anunció el extenso catálogo de limitaciones previsto en el artículo 10 de la Convención, de alcance más restrictivo que en otros derechos consagrados en la misma. Terminó sugiriendo al Consejo de Europa una regulación menos cautelar y más positiva de estos derechos.