Serra desestima un informe del Consejo de Justicia Militar que proponía dejar libre a un coronel del 23-F

El ministro de Defensa, Narcís Serra, ha rehusado firmar una orden mediante la cual quedaría en libertad el coronel de la Guardia Civil Miguel Manchado García -implicado en el golpe de Estado del 23-F-, a pesar de que el Consejo Supremo de Justicia Militar, en un informe calificado de confidencial, señaló al ministerio que se cumplían todos los condicionantes favorables para que fuera dejado libre el pasado día 6. Fuentes de Defensa confirmaron ayer estos hechos e indicaron que, según expertos del departamento, se hicieron unos cálculos de fechas favorables a Manchado al determinar cuándo debía dejar la prisión militar.

El Consejo Supremo de Justicia Militar -en el que figuran generales de los tres ejércitos- envió el informe al Ministerio de Defensa el pasado mes de octubre, firmado por el teniente general Ricardo Castillo del Río, que entonces presidía el alto tribunal militar. El texto indicaba que todos los informes elaborados al respecto eran favorables a la concesión de la libertad provisional para el coronel Manchado, recluido en la prisión militar de Cartagena (Murcia).Entre esos informes favorables, y de acuerdo con el Reglamento de Establecimientos Militares, figuraban un documento de la Junta Calificadora de Conducta de la prisión en que se encontraba; y una certificación acreditativa del tiempo redimido por el trabajo. Este certificado fue hecho por la Junta Central Militar de Redención de Penas, presidida por el mismo titular del Consejo Supremo de Justicia Militar.

El primero de los dos informes indicaba que la conducta del coronel en prisión había sido muy buena; y el segundo incluía los cálculos según los cuales a Manchado le correspondía salir en libertad provisional el pasado día 6 de noviembre.

Los informes y la opinión del Consejo Supremo de Justicia Militar fueron enviados, como propuesta -ya que el Consejo Supremo es un órgano asesor y consultivo del ministro en esta materia- a la Asesoría Jurídica del ministerio y a la Dirección de Personal. Desde ellas se informó a Narcís Serra que el cómputo sobre los días de trabajo que había cumplido Manchado no era correcto, ya que, según las fuentes consultadas en Defensa, se computaban como actos de trabajo -que sirven para reducir la pena- acciones que no deben ser consideradas como tales.

Errores en el cómputo

Por ello, el ministro fue informado de la situación y se decidió no firmar la correspondiente orden de puesta en libertad. En estos días, la Asesoría Jurídica está elaborando su propio cómputo para determinar en qué fecha concretamente le corresponde a Manchado salir de la prisión.

Una vez hecho este informe, será presentado al ministro de Defensa, quien, si está de acuerdo, fijará con exactitud el día de la puesta en libertad de Manchado. En Defensa prefirieron ayer no aventurar cuál puede ser ese día.

La primera condición para que un militar condenado por el código castrense obtenga la libertad provisional es que haya cumplido las tres cuartas partes de su pena, si bien es computable el tiempo redimido por el trabajo en prisión.

Manchado, que se encuentra privado de libertad desde febrero de 1981, fue condenado a ocho años de prisión militar por su participación en el frustrado golpe de Estado de 1981. Las tres cuartas partes de su condena se cumplirán, por tanto, a los seis años, es decir, en febrero de 1987. Sin embargo, el cómputo del tiempo redimido por el trabajo fijaba, en opinión del Consejo Supremo de Justicia Militar, la fecha del pasado día 6 como la indicada para la puesta en libertad.

Un general miembro del Consejo Supremo de Justicia Militar declaró ayer que el informe enviado a Defensa era de la Sala de Justicia del alto tribunal, y que este organismo no tenía ningún comentario que hacer al respecto: "No hay ninguna contestación. El consejo tiene obligación de informar a Defensa y eso es lo que ha hecho. Lo que después haya hecho Defensa, pregúntelo allí".

Las fuentes oficiales del departamento minimizaron estos hechos y señalaron que no tiene importancia alguna que el Ministerio de Defensa no acepte los informes del Consejo Supremo de Justicia Militar o discrepe de ellos. "Parece simplemente que en el cálculo hecho se amortizaban como días de trabajo algunos que eran muy opinables".

El hecho, no obstante, se ha producido poco después de que se registrase una fuerte polémica en España al descubrirse que los tres guardias civiles implicados y condenados por su participación en el caso Almería -en el que murieron tres jóvenes tras ser detenidos por la Guardia Civil- llevaban dos años perteneciendo todavía al citado instituto armado y cumpliendo sus penas en establecimientos militares, cuando la condena establecía su expulsión del cuerpo y el cumplimiento en prisiones civiles.

Expulsado de la Guardia Civil

El coronel Manchado, puesto que fue condenado a una pena superior a los tres años y un día de prisión, fue expulsado de la Guardia Civil. El 23 de febrero de 1981 era jefe del Parque de Automovilismo de la Guardia Civil, de donde, al mando del entonces teniente coronel Antonio Tejero, salieron varios autobuses con guardias hacia el Congreso de los Diputados. La operación se fraguó después de que Tejero hablara con Manchado y, según éste, se le dijo que se trataba de una operación querida por el Rey.

En la actualidad, permanecen en prisión ocho de los 30 condenados por su participación en el 23-F: Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada, Antonio Tejero Molina, Luis Torres Rojas, José Ignacio San Martín, Diego Ibáñez Inglés, Miguel Manchado y Ricardo Pardo Zancada.