De nuevo Rumasa

LA RECIENTE discusión en el Congreso de los Diputados sobre el proceso de reprivatización de las empresas de Rumana ha vuelto a poner de actualidad un asunto que dista mucho de estar cerrado. Máxime si se tiene en cuenta la previsible extradición de Ruiz-Mateos en las próximas semanas y si se recuerda que se halla todavía pendiente la sentencia del Tribunal Constitucional para resolver la cuestión de inconstitucionalidad promovida por un juez de Madrid sobre la ley de expropiación del holding. Según las estimaciones de la Dirección General del Patrimonio, la expropiación de Rumasa ha costado unos 540.000 millones de pesetas. Esta cifra es discutidapor la oposición, que avanza sumas considerablemente más elevadas. Sea como fuere, hasta el presente se han emitido 440.000 millones de deuda pública para cubrir el déficit patrimonial del grupo, siendo aún necesarios otros 100.000 millones para hacer frente a las deudas pendientes.

De esta manera, las aventuras económico-financieras de Ruiz-Mateos han costado -o van a costar- a cada familia española unas 40.000 pesetas, cifra considerable, que plantea un serio problema de equidad. La expropiación de Rumasa, que suscitó ríos de tinta en sus aspectos jurídicos, apenas ha provocado debate sobre el punto fundamental de saber quién o quiénes deberían haber pagado los platos rotos en el estropicio. Algunos dirán que la decisión adoptada por el Gobierno de transferir a los contribuyentes la carga del desastre es ya irreversible. Sin embargo, esa estrategia del pasado merece ser discutida, aunque sólo sea para evitar situaciones similares en el futuro y para analizar si las medidas decretadas por el Gobierno socialista en aquellos frenéticos días de febrero de 1983 eran las únicas posibles y las más convenientes para el erario público. Pocos dudan ya de que el imperio de Ruiz-Mateos descansaba sobre frágiles cimientos y de que su derrumbamiento hubiese constituido una catástrofe para nuestro sistema financiero. Pero queda por demostrar que las decisiones tomadas para hacer frente a esa tambaleante amenaza

fuesen técnicamente las más correctas y socialmente las más equitativas.

Cualquiera que fuese la complejidad del entramado jurídico de Rumana, las relaciones básicas entre las empresas y el grupo financiero eran sencillas: aquéllas vivían y cubrían sus pérdidas gracias a las ayudas y créditos del holding Rumana y de los bancos del grupo; éstos, a su vez, obtenían unos recursos del público gracias a la promesa de unos tipos de interés muy superiores a los del mercado. Los tenedores de títulos de Rumana y los depositantes sabían -o deberían haber sabido- que la contrapartida de una mayor remuneración es siempre un mayor riesgo. Este punto fundamental fue olvidado por los expropiadores, quienes honoraron depósitos, letras y pagarés de Rumana hasta el último céntimo sin discutir siquiera la remuneración a sus poseedores. Dicho de otra manera: la responsabilidad del déficit patrimonial de Rumana se transfirió, sin mayores miramientos, a todos los ciudadanos españoles. No se intentó hacer recaer una parte de este déficit sobre quienes, por buscar una mayor remuneración a su ahorro, habían adquirido pasivos de Rumana, sin que se haya dado justificación alguna de este proceder.

La tesis según la cual había que proteger los depósitos en los bancos de Rumana no puede servir de explicación, puesto que el Fondo de Garantía daseguramiento en los bancos de Rumana como medio de forzar la realización de la auditoría reclamada por el Banco de España. I:lcluso aceptando su intervención, el Fondo de Garantía & Depósitos no estaba obligado a asegurar depósitos superiores a 1,5 millones de pesetas. Finalmente, una buena parte del pasivo de Rumana circulaba bajo la forma de pagarés o letras de cambio, cuyo respaldo patrimonial no debería haber sido otro que el de la sociedad o sociedades emisoras. Desde el punto de vista de la gestión económica, probablemente sea éste uno de los aspectos más discutibles -y menos discutidos- de la operación Rumana. La gestión de fondos públicos no sólo debe ser transparente, sino que ha de ajustarse, cuando menos, a los criterios de gestión del buen padre de familia. Y es aquí donde se plantea el problema, pues es muy probable que es<; modelo teórico de prudente administrador hubiese defendido con mayor vigor sus 40.000 pesetas que quienes una buena mañana decidieron alegremente transferir el riesgo de Rumana al conjunto de los contribuyentes.