En defensa del colegio de los periodistas catalanes

La colegiación de los periodistas, tal como se contempla en la legislación aprobada recientemente por el Parlament de Cataluña, no significa ninguna limitación a la libertad de prensa ni retroceso a corporativismos trasnochados, sino que ha sido concebida como Úna larantía más de la libertad de expresión. Este es el punto de vista que defienden los autores de este artículo, en respuesta a un editorial publicado en EL PAIS en el que se criticaba la ley.

El editorial de EL PAIS del domingo 27 de octubre -¿Vuelve el carné de prensa?- descargaba abundante batería dialéctica contra la recién aprobada Ley del Parlament de Cataluña que faculta la creación del Col·legi Professional de Periodistes de esta comunidad autónoma. Entre otras afirmaciones -prácticamente todas negativas hacia la mencionada ley- el referido editorial intenta presentar el texto legal como una regresión de la libertad de expresión, como un retroceso hacia fórmulas corporativistas y como una especie de confabulación de lo que denomina clase política para instrumentar la profesión. Si la ley tan vituperada por EL PAIS fuera, en realidqd, como la que pretende proyectar el editorialista, quienes suscribimos este artículo no sólo nos solidarizaríamos con tal punto de vista, sino que, desde nuestros puestos en la Asociación de la Prensa de Barcelona, nos habríamos opuesto ya rotundamente a la misma.Acontece, sin embargo, que para sorpresa y estupor nuestro -y suponemos que de todos los compañeros que dispongan de una información más precisa en torno a la ley (ley, que por otra parte, ha seguido todos los trámites previstos y no ha circulado bajo ningún criterio de secreto o de reserva: sus disposiciones son públicas desde hace meses)- los tremendos recelos que se acumulan en el editorial nada tienen que ver con la realidad. Ni la ley recorta la libertad de expresión -al contrario: está concebida como un instrumento más para fortalecerla- ni se orienta hacia el corporativismo -corporativismo era acaso la estructura asociada anterior a la sustancial reforma iniciada precisamente por la Asociación de la Prensa de Barcelona-, ni es fruto de una extraña conspiración de los políticos -surgió justamente al revés: de la solicitud de nuestra Asociación a fin de que el Parlament estableciera en la ley lo que ya venía funcionando en la práctica-.

Desconocimiento

Sorprende este desconocimiento del que hace gala EL PAlS respecto al tema. ¿Nos puede decir con exactitud el editorialista en qué grado se encuentra dividida la profesión periodística catatana en torno a este nuevo Colegio? ¿Dónde está, asimismo, la polémica profunda, siempre en relación a los profesionales -con las excepciones que se quiera- de Cataluña? Si quien redactó el editorial hubiera sabido el proceso seguido en Barcelona por la Asociación de la Prensa, sin duda se hubiera evitado no pocas de sus rotundas sentencias descalificadoras. Aquí, felizmente, y desde hace más de diez años, nunca hubo profundas divisiones ni polémicas no menos profundas. La Asociación incluso se adelantó a la transición política, y no son palabras más o menos retóricas.

Manifiesta el editorial que "esta cuestión de la colegiatura, o de la licencia, la titularidad o el carné" -en una mezcla tan imprecisa de conceptos como perturbadora para los lectores- será "una imposibilidad practica mientras haya periodistas dispuestos a defender los principios liberales y democráticos de la libre expresión y a abandonar toda tentación corporativista". Nos parece esta apreciación inconcebible. Quienes apoyamos la Ley -y con nosotros la mayoría de los compañeros en Cataluña y también en otras nacionalidades o regiones de España- hemos defendido, defendemos y defenderemos tales principios y h emos combatido, combatimos y combatiremos la tentación reseñada. Sucede que no queremos caer en otra tentación no menos grave: la de monopolizar los principios, como parece desprenderse de esas frases. Podemos estar equivocados, naturalmente. Pero se nos antoja injustificable que se describa maniqueamente a cuantos apoyamos esta Ley, como periodistas no dispuestos a defender principios tan sagrados en una sociedad democrática.

Y ya que hablamos de periodistas, será oportuna quizás una observación: los argumentos contenidos en ese editorial son los mismos, o muy parecidos, a los esgrimidos por la AEDE, la patronal de la prensa, recelosa, a lo que se ve, del fortalecimiento del asociacíonismo o colegiación de los profesionales, probablemente porque la desunión y el individualismo favorecen más los intereses, por otra parte legítimos, de algunos empresaríos de medios de comunicación. No deja de ser curioso que para arremeter contra una iniciativa surgida de periodistas, el editorial se alinee con las tesis de la AEDE. Eso sí, sin citar para nada la procedencia.

No es obligatoria

La Ley no establece la obligatoriedad de la colegiación ni impide que aquellos que no reúnan los requísitos fijados puedan -si las empresas lo consideran pertinente- ejercer la profesión de periodista.

Por otra parte, a nuestra conciencia, ciertamente, no le repugna que los grupos políticos -democráticamente elegidos por el pueblo- legislen sobre nuestra profesión. Y en lugar de sospechoso nos parece saludable que el arco parlamentario catalán -CiU, PSC (PSC-PSOE), Coalición Popular, PSUC y ERC- coincida en los preceptos básicos de una ley auspiciada desde instancias periodísticas.

Esta Ley ha sido promulgada por un Parlamento autonómico soberano en esta materia, ya que aprobó hace tres años su propia ley de colegios profesionales, en virtud de la cual se ha promulgado ahora la Ley del Colegio Profesional de Periodistas de Cataluña. El editorial contiene referencias desafortunadas al conseller Agustí Bassols y al diputado Rafael Ribó, cuyas intervenciones fueron mucho más sustanciales que las allí destacadas.

Por último, una cuestión importante que conviene recordar: en la Constitución española figuran reconocidos los derechos al secreto profesional y a al cláusula de conciencia de los periodistas gracias al tesón de los diputados catalanes, que atendieron una reivindicación ya antigua de la Asociación de la Prensa de Barcelona. Estos derechos están en vías de desarrollarse en un texto legal, de nuevo auspiciado por esta asociación tras el encargo explícito del propio presidente del Gobierno español a esta misma junta hace exactamente ahora un año.

El Parlament de Cataluña ha legislado en lo que le correspondía. Esperamos que las Cortes Generales del Estado, en lo que atañe a su competencia respecto a la cláusula de conciencia y al secreto profesional, hagan lo propio. Cara a este objetivo, aunque quizá por caminos distintos, coincidiremos, para mutua satisfacción y para alcanzar una mayor eficacia en la consolidación de la libertad de expresión, con el diario EL PAIS.

es presidente de la Asociación de la Prensa de Barcelona y es secretario de la entidad. Suscriben también este artículo todos los miembros de la junta directiva de la APB.