La Generalitat sancionará al Ayuntamiento de Castellón por derribar la antigua cárcel

El Gobierno valenciano, integrado únicamente por socialistas, sancionará al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, de mayoría socialista, por el derribo ilegal realizado el pasado verano, del edificio de la antigua prisión provincial. Construido en 1887, según el proyecto de Manuel Montesinos Arlandis, estaba incluido en el listado del patrimonio histórico artístico del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad.

Pese a su catalogación como edificio de interés, el Ayuntamiento procedió el pasado verano a su derribo completo sin previa solicitud de permiso ni comunicación a la Dirección General de Urbanismo de la Generalitat valenciana. Este departamento tuvo conocimiento oficioso a mediados de octubre de la demolición del edificio y el alcalde de Castellón, Antonio Tirado, intentó quitar posteriormente importancia al hecho, en declaraciones a la Prensa, diciendo que fue un error no el derribarlo sino el haberlo catalogado en el plan general.El conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat valenciana, Rafael Blasco, manifestó ayer que el ayuntamiento será sancionado porque es evidente que ha cometido una infracción urbanística contra, su propio plan general. Añadió que se está estudiando la sanción que se aplicara y que, en cualquier caso, "no haremos una excepción con el Ayuntamiento de Castellón".

El Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana considera que el edificio, independientemente de la infracción urbanística que supone haberlo derribado cuando estaba catalogado, tiene valor arquitectónico. El presidente de la delegación del colegio en Castellón, Antonio Molina, citó ayer ésta entre las razones por las que no se debió haber derribado.

Molina añadió que se ha eleborado un extenso informe sobre el edificio que se transmitirá a la dirección del colegio, en Valencia, para que adopte, si lo estima conveniente, medidas contra el Ayuntamiento de Castellón. La antigua prisión fue totalmente demolida pese a que la normativa de protección que contiene el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad señalaba que "en ningún caso será autorizada la demolición del edificio".

Pese a que la Junta de Gobierno de la delegación en Castellón del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana pidió información al alcalde sobré los tramites seguidos para la demolición, hasta la fecha éste no ha respondido. El alcalde de Castellón manifestó (véase EL PAÍS del pasado día 17) al respecto: "Creíamos que se había retirado del catálogo antes de derribarse el edificio". Según han manifestado fuentes de la Generalitat, el Ayuntamiento califica la infracción urbanística de "error burocrático".